22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Una denuncia que puede salir cara

Una abogada de la ciudad de Córdoba fue condenada en primera instancia a pagar 25 mil pesos por daño moral a un camarista civil al que denunció por presunta morosidad.

 
La sentencia fue dictada por el juez en lo civil y comercial Miguel Angel Bustos Argañaraz, en la demanda que entabló Ricardo Sahab, vocal de la Cámara 4ª de Apelaciones, en contra de la abogada de la ciudad de Córdoba.

En una noticia aparecida en el diario “La Voz de Interior” se informa que Sahab reclamó indemnización por daño moral porque se consideró injustamente agraviado por la letrada, por una denuncia que ésta efectuó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, y que el organismo desestimó por infundada.

Todo comenzó en octubre de 1996, cuando la abogada pidió al Jurado la destitución de los jueces de primera instancia Marcelo Carranza, Carlos Sem Rodríguez y Victoria María Tagle, de los camaristas Pedro Baquero Lazcano, Alberto César Leston, Horacio Manuel Bordenave, Aldo J. Cima y Ricardo Sahab, y del fiscal general adjunto de la Fiscalía General, Alberto José Somoza.

La letrada denunció a los magistrados por supuesto mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica e indignidad, a raíz de la intervención que tuvieron en un juicio de desalojo.

Esa presentación fue rechazada por el Jurado de Enjuiciamiento, en una resolución en la que no sólo destacó que no hubo conductas irregulares de los magistrados denunciados, sino que además cuestionó a la denunciante.

Al aceptar la demanda del camarista y condenar a la abogada a pagarle una indemnización por daño moral, el juez Bustos Argañaraz consideró que si bien todo ciudadano tiene el derecho de denunciar a los magistrados, cuando lo hace sin fundamento y razonabilidad incurre en un abuso del ejercicio de ese derecho, situación que da lugar al resarcimiento del afectado. El magistrado remarcó que la denuncia "careció de la seriedad y fundamento que este tipo de denuncias debe ponderar, que incluyó en su acusación a todos los funcionarios que habían intervenido en el proceso, a quienes imputó indiscriminadamente todas las causales de remoción, incorporando algunas no previstas por la normativa específica".



dju / dju
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