C) SANCION

Es la que se conocería en los primeros días de esta semana contra la empresa Peugeot del grupo Sevel por parte del juez en lo Penal Económico Carlos Liporace. El magistrado -tomó la causa que dejó a mitad de camino el suspendido Guillermo Tiscornia-, que debe atender los dos despachos de un fuero que viene mejorando sustancialmente su imagen ante los ojos de muchos, estaría a punto de disponer la imposición de un embargo sobre la automotriz acusada de presunto contrabando, al haber declarado que exportaba partes de automóviles a la zona franca de Uruguay y luego la reimportaba como producto terminado. Esa operación en el marco de disposiciones aduaneras que otorgaban derechos a las exportaciones y no cobraban aranceles a las importaciones (solo el 2% en este caso) habría dejado pingües ganancias en concepto de reintegros aduaneros y anticipos de IVA. La eficiente fiscal Gabriela Ruiz Morales impulsó –pese a la recordada intervención nocturna del diputado Mario Das Neves, que no terminó en escándalo de milagro- esta investigación que le costó el proceso a Franco Macri y a otros directivos de la ex representante de la marca francesa en la Argentina. Pero los problemas no se terminan aquí, ya que en la causa aparece, ahora, complicado el propio presidente de Peugeot Francia porque al devolver Macri el control accionario de la terminal, se transfirieron también las causas judiciales, recordando que en materia de contrabando también las sanciones pueden recaer sobre la persona jurídica. Liporace aplicaría una fuerte sanción pero sin llegar a los valores -más de u$s 500 millones- que la justicia cordobesa le aplico a Renault por los mismos motivos y que motivaron hasta la intervención y airada protesta del gobierno galo.

hugo morales / dju