05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

Piden cuatro años de prisión para el presidente de Fiat argentina

La fiscal de la UFITCO María del Carmen Dellarrolle pidió cuatro años de prisión para Cristiano Argentino Ratazzi. Le imputa al empresario el aprovechamiento indebido de franquicias para importar autos. Ahora debe resolver el juez Marcelo Aguinsky.

 
La fiscal de la Unidad Especial de Investigación del Contrabando, María del Carmen Dellarrolle,pidió cuatro años de prisión para el presidente de la subsidiaria de la automotriz italiana Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, por el presunto delito de "instigación al contrabando agravado" en la importación supuestamente ilegal de automóviles con franquicia especial reservada sólo para discapacitados y diplomáticos. La fiscal formuló la acusación y el pedido de la pena ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien está a cargo del expediente.

Para la representante del Ministerio Público, Ratazzi -hijo de Susana Agnelli, ex canciller de la República Italiana- es "autor penalmenteresponsable del delito de instigación al contrabando agravado por la participación de dos o más personas", con una pena máxima de diez años de cárcel. Además, Dellarrolle solicitópara Ratazzi la inhabilitación por 10 años para ejercer actividades comerciales, por ocho años para importar y exportar vehículos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargospúblicos.

Según entiende la fiscal, la maniobra consistió en introducir un automotor marca Alfa Romeo 164, modelo 1989, "en carácter de importador, valiéndose para su pago de la Banca Nazionale del Lavoro”, entidad de la cual Ratazzi integraba el directorio a la fechadel hecho.

La funcionaria señaló igualmente que "el dolo se produjo al inducir a engaño al servicio aduanero respecto al destinofinal que se daría a la unidad importada e introducida con visos de legalidad pero desnaturalizando, al fin, la esenciay fundamentos tenidos en miras por la normativa legal vigente". Denunció igualmente "un concierto previo entre los procesados que permitió arribar al resultado dañoso requerido" paraformular la acusación. El beneficio de la importación del vehículo con franquicia para discapacitados fue otorgado en favor de Mario Rubén Sokolowicz, lisiado por una poliomielitis, quien dijo haber pagado por el rodado la suma de 20.900 dólares.

Sin embargo, el auto fue utilizado por Alejandro de Anchorena, quien tenía un poder a su nombre. Según Sokolovikz, Anchorena retiró el auto de la aduana y se lo llevó a su domicilio, peroel discapacitado -en argumento que la fiscal consideró "pueril"- no lo utilizó porque dijo estaba aquejado de un malestar. Por otro lado, la fiscal pidió para Anchorena la penade tres años y tres meses de prisión y para Sokolowicz, dos años y ocho meses, ambos en carácter de coautores del mismo delito.



dju / dju
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