La ley de creación del nuevo fuero, que ya contaba con la media sanción del Senado, tiene por objetivo -de acuerdo con el mensaje enviado por el PEN al Congreso- "acelerar el procedimiento para el cobro de todos aquellos créditos originados en impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios, mejoras o multas adeudadas a la administración pública Nacional".
Por esa ley se crea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Tributario, que estará conformada por tres integrantes; un Tribunal Oral, tres juzgados nacionales y una Fiscalía General, ante ambos tribunales.
Por misma resolución se crean defensorías oficiales ante la Cámara, el tribunal Oral y los juzgados.
El Ejecutivo planteó la necesidad de crear una estructura judicial especializada, "según criterios de racionalización y eficiencia en el funcionamiento del sistema, para el enjuiciamiento de los ilícitos tributarios bajo el régimen de ley 24.769" de Antievasión.
Se prevé que el nuevo fuero comience a funcionar el año próximo, y atenderá en las causas que hasta ahora estaban a cargo del fuero Penal Económico, donde se tramitan cerca de 3000 causas penales, mientras que en el fuero contencioso administrativo se estima se encuentran acumulados unos 300.000 juicios pendientes de ejecución.
En el anexo de la norma se dispone la creación de seis juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias en la Capital Federal, cada uno con cuatro secretarías, que tendrán como tribunal de alzada la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, además de distintas secretarías en las principales ciudades del interior del país.
El Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo iniciar el proceso de selección de las ternas de jueces que luego serán elevadas al Ejecutivo.