La aprobación del proyecto, que se producirá una semana después que el presidente de la Nación Fernando De la Rúa reclamara el impulso de su tratamiento, como una forma de disminuir los índices de violencia, había sido anticipada por Diariojudicial.com.
La Cámara de Diputados al darle media sanción a esta ley, exhortó al Senado aprobarla de inmediato dado que “la seguridad debe ser asumida como política de Estado con una asignación clara de rumbo para cada uno de sus actores públicos (fuerzas de seguridad, jueces, servicio penitenciario, escuelas de derecho) y con la construcción de una relación transparente entre poder político, fuerzas de seguridad y comunidad; comunicando con alta difusión que los esfuerzos serán ostensibles pero los resultados a mediano y largo plazo”.
En materia de armas, se castigará la portación ilegal de armas de fuego de cualquier tipo, aumentarán las penas en los casos de portación sin permiso de armas de las mismas en zona poblada; y aumentará la pena mínima de robo con armas de fuego, para lograr mayor severidad en los casos de tentativa a través de modificaciones en el Código Penal y en el Régimen Excarcelatorio del Código Procesal Penal para ese delito.
También, se restringirán las posibilidades de otorgamiento del beneficio de la excarcelación para delitos de robo por efracción; bajará el mínimo de la escala penal a dos años para otros delitos excarcelables; aumentarán las penas a los adultos que se valgan de menores para cometer delitos; se regularán las empresas de seguridad privada, y se restringirán los permisos de portación de armas de fuego limitándolos a situaciones estrictamente justificadas.
Por otra parte se implementarán medidas más eficaces para evitar el tráfico y el mercado negro de armas de fuego los cuales, al abaratar los costos de las armas, facilitan su adquisición por parte de los delincuentes. Se aumentarán las penas de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad que cometan delitos de homicidio, lesiones, violación y abuso.