El convenio también contempla la presentación de credenciales y de sistemas de detección de metales en los despachos de los ministros, así como también la prohibición del ingreso a los edificios en horas inhábiles "de personas que no justifiquen debidamente" la misma.
Dicho Convenio con la Policía Federal (convalidado a través de la acordada 37/95) contemplaba la implementación de procedimientos tendientes a asegurar la protección de las personas y bienes" en los edificios judiciales.
"Durante las horas hábiles de funcionamiento de los tribunales, los agentes policiales que ejercen dicha custodia deberán encontrarse apostados en los lugares previamente asignados y con su uniforme reglamentario, para controlar la circulación de personas e impedir reuniones que dificulten el desplazamiento del personal ocupado del comparendo de detenidos y los diálogos con estos", señala el acuerdo reflotado por la Corte.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien se encuentra fuera del país, hizo llegar su "repudio" por el hallazgo de explosivos en el Palacio de Tribunales, y extraoficialmente se pudo saber que el funcionario regresará mañana al país "para ponerse al frente" de las distintas investigaciones que se llevan adelante en su cartera, de la cual depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
A su vez, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, tal como lo anticipó Diariojudicial.com, reclamó hoy a la Corte Suprema que se "extremen las medidas de seguridad" a partir de una "mayor presencia policial" y "equipos detectores de metales", con el fin de "asegurar una efectiva prevención y protección del personal del Poder Judicial". Asimismo, la entidad que nuclea a los magistrados hizo llegar un mensaje de "solidaridad" al secretario del juzgado 25, Julio Quiñones, debido al acto intimidatorio del que fue víctima el lunes, cuando desconocidos colocaron un artefacto explosivo en la puerta de su despacho.