La Defensoría fundamentó su denuncia en los perjuicios que le ocasionaron a Fernández Prieto, por una supuesta “vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la privacidad y a la debida protección judicial, consagrados en los pactos e instrumentos americanos de Derechos Humanos y ratificados por la Constitución Nacional.
La Organización de Estados Americanos, remitió a la Defensoría General un comunicado diciendo que se tramitó la denuncia de acuerdo con el reglamento del organismo continental. También hizo saber que la Comisión advirtió esta situación al gobierno argentino, solicitándole que suministre la información que corresponde.
Sandra Arroyo Salgado, por instrucciones del Defensor General de la Nación, Miguel Angel Romero, realizó la presentación cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Jurídicos. En esa misma nota la (C.I.D.H) reclamó “cualquier información adicional que sea útil para comprobar los hechos denunciados”.
Fernández Prieto, fue detenido en mayo de 1992 en Mar del Plata, por actitud sospechosa, acusado de transportar marihuana en el auto en el que se trasladaba. Fue condenado por el juzgado federal de esa ciudad a fines de 1998, el fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y luego por un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia.
El imputado, fue defendido por la Defensa Pública Oficial, que fundamentó su accionar en la violación de los Derechos a la libertad personal y a la privacidad, la ilegalidad y arbitrariedad de la detención y requisa y la violación del derecho a la debida protección judicial en el que incurrieron la policía del juzgado federal de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.