La Oficina de Subastas Judiciales fue creada a instancia de las propuestas formuladas oportunamente por la Secretaría de Auditores del tribunal “para un mejor desenvolvimiento y control" de las transacciones, y su funcionamiento se solventará con el cobro de un arancel equivalente al 0,25 por ciento del precio de venta, que deberá ser abonado por el comprador, y que ingresará a las rentas de la Corte.
Si bien la acordada 10/99 establecía que la Oficina funcione en un edificio perteneciente al Poder Judicial, transitoriamente las actividades se desarrollarán "en dependencias especialmente acondicionadas en la Corporación de rematadores y Corredores Inmobiliarios" ubicada en Teniente general Perón 1233 de esta capital.
En aquella acordada se había establecido la afectación de un inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen 2041 como sede de la dependencia, para lo cual se habían dispuesto medias de adecuación del edificio.
Entre las funciones asignadas por la Corte, se encuentra la "recepción de la comunicación del juzgado que informe el remate ordenado con las constancias necesarias; asignación de día y hora de acuerdo al turno; organización y control del desarrollo del remate".
Asimismo, "llevará también un registro de subastas, con su resultado, nombre, documento de identidad y domicilio del comprador y martillero inerviniente".
La Corte estableció que "en todos los casos, tendrán obligación de asistir al acto de la subasta el secretario o prosecretario administrativo del juzgado que la ordena, que deberán informar en la causa sobre su desarrollo y toda otra cuestión que pueda resultar de interés".