En el juzgado a cargo de Gabriel Cavallo, fueron radicadas dos denuncias formuladas por los abogados Marcelo Parrilli, y Eduardo Barcesat; en el de Jorge Urso, otra que efectuó Ricardo Monner Sans y en el tribunal a cargo de Carlos Liporaci una demanda de Juan Carlos Iglesias.
Barcesat advirtió que la denuncia "tiene por finalidad situar la investigación" por los hechos denunciados públicamente "ante el órgano competente, que es el Poder Judicial de la Nación, descalificando así, la iniciativa de centrar la investigación en el propio Senado de la Nación, ya que las facultades de este cuerpo se limitan a un poder de disciplina, siendo la sanción mas grave la de remover a sus miembros".
"En tanto --sostuvo-- el conocimiento y decisión sobre las figuras penales típicas, como son el cohecho y la violación de los deberes de funcionario público, son competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación".
Barcesat pidió que se cite a declarar como testigos al presidente Fernando de la Rúa; al vicepresidente, Carlos Alvarez, a "la totalidad de los senadores nacionales" y al ex presidente Raúl Alfonsín.
En similar tenor se pronunció Parrilli, quien pidió que se investiguen los delitos de "cohecho y violación de los deberes de funcionario público".
Parrilli, subrayó que "la cuestión reviste particular gravedad por cuanto a pesar de la trascendencia institucional del hecho denunciado no existe constancia alguna, a estar a las distintas informaciones periodísticas y declaraciones de altos miembros del Gobierno Nacional, que indiquen que la cuestión ha tomado la intervención, que sin duda le corresponde, el Poder Judicial de la Nación".
Respecto de De la Rúa, el letrado puso de relieve que sus declaraciones respecto del tema "pusieron en evidencia, la gran preocupación que recorre al gobierno desde hace diez días, cuando se hizo público un rumor según el cual los senadores del PJ habrían recibido favores personales o presuntos sobornos para dar su voto afirmativo".
El letrado pidió que también sean citados como testigos el Jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno; el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el titular de la SIDE, Fernando de Santibañes.
A su turno, Iglesias formuló una dura crítica a las investigaciones iniciadas por la Oficina Anticorrupción, a la que califico como "una suerte de filtro enderezado a seleccionar los temas que pueden o no llegar a los estrados judiciales al compás de la conveniencia del poder".
"Estas denuncias públicas de supuesto soborno --enfatizó el abogado--, cuyos denunciantes se guardaron bien de traer a los estrados judiciales la información de los hechos, desataron un escándalo que ha dejado perplejo a cualquier ciudadano con una mínima esperanza de ver cristalizada en los tres poderes la imagen inequívoca de la transparencia".
"De tal manera es así que si de la investigación que se practique resulta confirmado el soborno, ni el titular del ejecutivo ni ninguno de los senadores participantes del bochornoso negocio ilegal podrían continuar en el ejercicio de sus funciones".
Iglesias pidió que se cite a "indagatoria" a los senadores que hubieran cambiado su voto en las sesiones en las que se debatió la Reforma Laboral, sumándose también a los pedidos de testimoniales a funcionarios y empleados del Congreso.