Entienden los diputados que el funcionario se habría excedido de sus atribuciones al afirmar que “habrá que hacer una operación de alta urgencia, teniendo como objetivo que el Correo siga funcionando, que se mantengan las fuentes de trabajo y que se respete el pluralismo y la competencia”. Por el contrario, los denunciantes reclaman que Aguiar cumpla con las condiciones fijadas por el decreto 265/97 de la ex Encotesa, vinculadas a la cuestión que tomó estado judicial ante el juzgado en lo contencioso administrativo a cargo del juez Marinelli, quien en su momento proveyó favorablemente una medida cautelar presentada por la empresa Correo Argentino.
Esta denuncia se da en momentos en que las empresas más importantes del sector ven con preocupación el acelerado incremento de lo que llaman “una competencia desleal”, responsabilizando en gran parte a los organismos estatales de no actuar con el rigor necesario para sancionar a los ciento noventa prestadores postales que actúan en el mercado sin estar registrados como tales. Lo paradójico de este reclamo es que esa estimación sobre las “empresas truchas”, surge de un informe del propio Estado.
Un ejemplo de este cuadro de situación, está dado por un connotado empresario que protagonizara un sonado proceso judicial –vinculado al mundo postal -, quien repetidamente sostenía que su empresa constituye “una fuente de trabajo para más de doscientas personas”, cuando en realidad tenía inscriptas ante la Comisión de Control a sólo dos. Y eso no es todo: su firma ni siquiera estaba registrada en el Anses como empleador.
Este tipo de irregularidades están siendo investigadas por el fiscal en lo penal económico Miguel Schamun, en el marco de una presentación que realizó la UFITCO ante el juez Julio Cruciani. El siempre ocurrente magistrado, al analizar la situación de la empresa que tenía distribución en todo el territorio nacional y contaba con sólo dos empleados registrados, expresó: “ a las cartas las debe entregar Superman”.