Es el que se estaría produciendo en segundas líneas de organismos del Estado que tienen que ver con la recaudación y reparto de dinero de Obras Sociales. Es que la decisión de dos perseverantes fiscales federales meterse con esos cuantiosos fondos -unos $ 400 millones al año-
que se desprenden del 10 por ciento de la recaudación de la DGI para esos fines -$ 4000 millones anuales- generó una diáspora
que amenaza al sistema. Por lo menos, ya se conoce de dos funcionarios -Leandro Illía, ex interventor en la Obra Social del Correo y Carlos Janetti, abogado de la DGI desde hace 30
años- que debieron renunciar a sus cargos. Pero lo paradójico, que su alejamiento no se produjo por presuntas sospechas en su contra sino por desinteligencias de cómo debían efectuarse los controles y quien debía llevarlos a cabo. Lo llamativo es que Illía es descendiente directo del ex presidente Arturo Illía y hombre fuerte del radicalismo bonaerense con residencia en Pergamino, a quien se lo vincula estrechamente con Enrique Nosiglia. Dicen que el "Coti" está que
arde contra Ruben Cano, "pope" del Servicio de Superintendencia de Salud y Héctor Lombardo, ministro de Salud, por no haber retenido a Leandro Illía.
dju / dju
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