Por un lado, el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires Andrés Gil Domínguez hizo una presentación de amparo acompañada con una solicitud de medida cautelar de no innovar con el objeto de que el Gobierno no pueda avanzar en el recorte en los ingresos de las universidades públicas. La presentación recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de Guillermo Rossi.
Gil Domínguez argumentó que la decisión que pretende llevar a cabo el flamante ministro de Economía vulnera los derechos constitucionales a la propiedad, a la educación, a la autonomía y autarquía de las universidades, la igualdad real de oportunidades y de trato y el principio de orientación de la actividad financiera. El letrado además de citar varios artículos de la Carta Magna hizo lo propio con varios tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Constitución reformada en 1994.
Por su parte, el abogado Carlos Díaz también hizo una presentación, en la que solicitó que se sancione la inconstitucionalidad, “por nulidad absoluta e insanable”, del potencial decreto de necesidad y urgencia que el Gobierno pudiese dictar en la reglamentación de las medidas que afectan al área de educación.
En su prolongado escrito de 33 páginas, Díaz solicitó que se disponga precautoriamente una medida cautelar que ordene al Estado Nacional (el demandado) “la suspensión inmediata de la aplicación del decreto de necesidad y urgencia” que dictaría el Gobierno de cumplir con las medidas económicas anunciadas el pasado viernes.
Al fundamentar su decisión de impugnar un decreto que todavía no es tal, el abogado explicó que “el actual nivel presupuestario no se distingue por lo elevado por cierto, sino todo lo contrario, y no llega al mínimo porcentual del Producto Bruto Interno, estimado como prudente, bajo parámetros internacionales”.
Según Díaz, que pidió que se corra vista de su presentación al Defensor del Pueblo, “cada peldaño alcanzado o conquistado en el tránsito del sendero por donde avanzan los Derechos Humanos, constituyen un derecho adquirido, del cual no se puede retroceder, sino a costa de caer en violación de los Derechos Humanos”, situación que se configuraría de reducirse las partidas del presupuesto destinadas a la educación.
Quienes también analizaban qué medidas tomar eran los estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que al cierre de esta edición comenzaban una asamblea en la puerta de la facultad para decidir cuáles medidas serían más efectivas para impedir que las medidas de López Murphy fueran llevadas a cabo.