Román denunció a la sala en cuestión por "el grave y reiterado incumplimiento del Código de Ejecución Penal Provincial" resoecto de la decisión sobre el ex rugbier.
A Puccio, según Román, no debió habérsele permitido la salida debido a que "cumple una condena de reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado por ser coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo en concurso real con homicidio doblemente calificado por el concurso real premeditado y por la finalidad de procurar impunidad".
El Senador, quien preside la comisión de seguridad en la cámara alta bonaerense, fundamentó su pedido en informes del Servicio Penitenciario bonaerense en los cuales Puccio "mediante la proyección de sus aspectos negativos logra exculparse permanentemente" y que "perfilan ciertas reservas en su proceso de inserción social".
También se alude a que en su legajo como interno "registra participación en un motín con toma de rehenes", señalándose otro apartado del informe en el cual se señala que "su prognósis insertiva continúa siendo desfavorable" con lo cual, al decir del Servicio Penitenciario bonaerense ", nos encontramos con un panorama no alentador en lo que a su reinserción al medio externo se refiere".
Asimismo, se dijo que en noviembre de 1999 una jueza de San Isidro "resolvió no autorizar su ingreso al régimen carcelario abierto, de acuerdo a lo dictaminado por la Junta de Selección".
Poco después, relató Román "la magistrada denegó a Puccio las salidas transitorias" pero cuatro días después la Sala Tercera "concedió el ingreso de Puccio a ese régimen, otorgándole virtualmente la libertad".
"La decisión de la Doctora Vázquez y el Dr Borrino, se basa en una simple opinión personal, sin fundamento técnico ni científico alguno, otorgando la salida continua y permanente de un individuo cuyas características psicopáticas, representan un peligro para la comunidad".
El pedido de enjuiciamiento fue presentado hoy en horas del mediodía, por el legislador, ante el Procurador de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Matías de La Cruz, ante quien solicitó la inmediata formación del jurado -con cinco legisladores provinciales y cinco abogados de matrícula-, además de la suspensión de los magistrados, a modo de medida cautelar.