Las entidades advirtieron que “siguiendo una práctica que hiere la necesaria independencia del Poder Judicial y que –justo es considerarlo- se ha venido repitiendo desde hace varios años, el actual Gobierno desconoce el presupuesto elaborado por Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema por Acordada Nro. 18/2000 (en el caso del Poder Judicial) y el del Procurador General y el Defensor General en el caso de los Ministerios Públicos de la Nación”.
“Tal recorte significa un verdadero ahogo presupuestario para la Justicia Argentina que se encuentra en situación de extrema precariedad”, manifestaron al tiempo que criticaron el funcionamiento de la justicia a raíz de un misérrimo presupuesto.
“Tribunales creados sin poder habilitarse, o con planta de personal insuficiente, juzgados desbordados con plantas incompletas emparchados con numerosos meritorios que no perciben salario ni poseen cobertura social, deficiencias edilicias graves que afectan la seguridad, las condiciones de trabajo y funcionamiento de las dependencias, recategorizaciones aprobadas que no pueden implementarse, todo por las carencias presupuestarias que se agudizan con este nuevo recorte que plantea el Poder Ejecutivo sobre lo proyectado por la Justicia”, destaca el pronunciamiento de las entidades que nuclean a todo el espectro de la Justicia .
“La situación se empeora porque el Proyecto del Ejecutivo no prevé la financiación de la totalidad del gasto. Ello es así puesto que desde hace varios años se ha desnaturalizado la ley de autarquía económica del Poder Judicial, herramienta legislativa que –aprobada en 1990 por unanimidad en el Parlamento- perseguía garantizar la independencia económica de la Justicia Argentina” instaron al tiempo que se pronunciaron en contra de la política económica que aplica el Ejecutivo, “la tendenciosa interpretación de las autoridades de Economía desvirtúa la intención del legislador y afecta tremendamente a la Justicia por cuanto lo que de respetarse permitiría financiar adecuadamente las necesidades de un Poder trascendente para la democracia, hoy no alcanza siguiera para lo más mínimo”.
“Por todo ello las entidades representativas del quehacer judicial reclamamos al Parlamento Argentino que al discutir el Presupuesto se contemple –como corresponde a la independencia de poderes- los que elaboran el Poder Judicial y los Ministerios Públicos y que se arbitren los medios para que se respete lo dispuesto por la ley 23.853 de autarquía financiera del Poder Judicial, garantizando de esa forma la independencia económica de la Justicia Argentina”.