La investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Investigaciones contra los Delitos Tributarios y el Contrabando (Ufitco) está centrada en la información que dejó el financista muerto en Cariló, Mariano Perel, e involucra a los directivos del Mercurio en maniobras de presunta evasión, cohecho activo y asociación ilícita.
Según esas mismas fuentes, se habría secuestrado en la oficina de uno de los directores de la entidad una copia del pedido de orden de allanamiento formulado por un fiscal para realizar el procedimiento.
Sin embargo, otras voces muy cercanas a la pesquisa dijeron desconocer estos hechos y aseguraron a este medio que lo único encontrado fue una copia de la denuncia, que había sido presentada varios días antes. En este marco de disonancias, la postura de los acusadores públicos se encamina a establecer una dura pulseada para con el tribunal actuante.
La hipótesis que manejan integrantes de la investigación es que los directivos del Mercurio ya sabían que se realizaría el allanamiento. La copia del pedido de revisar la sede habría sido encontrada en la oficina de Daniel Benadón, uno de los directores del Banco Mercurio.
Los fiscales que participaron del operativo manifestaron su voluntad de que quede expresada en el acta el hallazgo de la fotocopias de las actuaciones judiciales. Se mostraron enojados porque el allanamiento debía haber sido -como dicen los manuales- "una medida sorpresiva".
El descubrimiento de esta "fuga de información" podría dar lugar a una denuncia penal y, además, a un sumario administrativo judicial para determinar de que manera los allanados se hicieron de las fotocopias encontrada en el banco.