La apertura del sobre conteniendo la antigua declaración jurada –en la que no figura su lujosa casa de Vicente López—se llevó a cabo en el cuarto piso del Palacio de Justicia ante la presencia del Administrador General de la Corte Suprema, Nicolás Reyes. El fiscal Recchini pretende comparar esa declaración de hace cuatro años con las que el juez que investiga los presuntos sobornos en el Senado presentó en 1999 y que amplió en agosto pasado, y así corroborar si Liporaci incrementó su patrimonio de una manera que no puede ser justificada con su salario de juez y el de su esposa, también funcionaria pública. A la hora en la que Liporaci apareció furtivamente por el Palacio en un viejo Ford Falcon, estaba programada la declaración en la sede de Comodoro Py 2002 del senador justicialista Eduardo Bauzá, uno de los once miembros de la cámara alta sospechados que deberán presentarse ante el magistrado. Pero Liporaci jugó con el factor la sorpresa. Comenzó a tomar la indagatoria a Bauzá a las 8, dos horas antes de lo previsto.
La denuncia contra Liporaci por la cual se inició la causa fue formulada por el abogado Juán Finazzi, a quien en la esfera cercana al juzgado se considera un “archienemigo” del magistrado, y a quien acusan de actuar por despecho debido a una vieja causa por venta ilegal de armas en la que éste último sufrió un fallo adverso.
El magistrado y ex rugbier salió por la puerta principal de los Tribunales, en la calle Talcahuano, y a paso rápido volvió a subirse a su automóvil sin hacer declaraciones. La presencia de Liporaci fue sólo una formalidad para que Recchini y Cavallo pudieran conocer cómo estaba conformado el patrimonio del juez hace sólo cuatro años, cuando vivía en un modesto departamento en Caballito, y no en la casa que adquirió en la calle Gaspar Campos, en Vicente López, y que le está trayendo más de un dolor de cabeza.
Una vez realizada la apertura del sobre con la declaración jurada, la misma fue remitida al juzgado de Cavallo.