La iniciativa que tiene dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Libertad de Expresión, Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda, no hicieron modificaciones al proyecto de ley de Protección de Datos Personales (Habeas Data) que Diputados remitió al Senado en carácter de segunda revisión.
Con seguridad hoy se aprobará aceptar la primera modificación efectuada al artículo 26 apartado cuarto, introducida por la Cámara de Diputados, que quedará redactado de la siguiente forma: “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.
Según la fuente, la ley tendrá que ver con todo lo que implique secreto de sumario en las operaciones financieras y económicas, para evitar de aquí en más los riesgos crediticios, tal como pasó con “Veraz”. Ayer la justicia condenó a esta entidad privada de información comercial con una multa de diez mil pesos que deberá resarcirle al abogado Arturo Octavio Ravina, por “daños y prejuicios”.
Hace cinco años, Veraz, incluyó al abogado Ravina en un listado de “morosos” por supuestos problemas económicos utilizando “datos desactualizados”. Esa operación errónea, perjudicó al letrado, quien se vio imposibilitado de acceder a créditos bancarios y operaciones inmobiliarias”.
Ahora el Senado aprobando la ley que reglamenta el Habeas Data, que está incluido en el artículo 43 de la reforma constitucional de 1994, garantizará a los ciudadanos la preservación de su intimidad , regulando el uso de los datos personales y comerciales contenidos en archivos y registro públicos o privados.
De esta forma, una vez reglamentado el Habeas Data, cualquier persona podrá acceder a la información reservada que registran en los bancos de datos, como el Registro del Automotor, Banco Central, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incluso organizaciones privadas. La ley establece la creación de un órgano de control, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El mismo obligará a los bancos de datos inscribirse legalmente en un registro aplicando multas hasta 100.000 pesos y penas de prisión a todos aquellos que violen la privacidad de los datos almacenados o la promulguen.