La presentación ante la Justicia chilena de estos nueve sacerdotes (cuatro de ellos son españoles y cinco del país trasandino) incluye también a tres ex agentes de la Dirección de Nacional de Inteligencia de Chile (DINA), presuntos coautores de la desaparición ocurrida en 1974, el mismo año del asesinato del militar legalista, y a un año del golpe militar que derrocó al entonces presidente Salvador Allende.
En la querella, que es la 174 contra el ex dictador, se lo acusa de secuestro calificado, torturas y asociación ilícita. Llidó había llegado a Chile en 1969 tras haber sido ordenado sacerdote en el seminario de Valencia. Como misionero en Quillota se unió a los Cristianos por el Socialismo y apoyó el gobierno democrático de Allende. Después del golpe, se trasladó a Santiago y, ante el recrudecimiento de la situación al verse perseguido por las fuerzas de seguridad se trasladó a la ciudad portuaria de Valparaíso (a pocos kilómetros de Viña del Mar), donde se escondió.
Sin embargo, una patrulla militar lo detuvo el 1 de octubre en Santiago y, según la acusación, lo entregó a la DINA. Así se convirtió en el único religioso desaparecido durante la dictadura militar que se extendió hasta 1990. Después fue llevado a un centro de torturas hasta que, tres semanas después, según declaraciones de los testigos, fue trasladado junto a otros prisioneros con destino desconocido.
En la presentación judicial hay incluidos testimonios de siete de sus compañeros de detención, quienes describen cómo era “golpeado en forma brutal” mientras “le aplicaban electricidad en su cuerpo durante varias horas” para lograr que “cantara” nombres de personas. Aunque, también según los testigos, Llidó no contestaba, para no traicionar sus “principios”.