Townley, declaró como "testigo protegido" ante la magistrada argentina, quien viajó especialmente a Columbia para interrogarlo y durante la entrevista habría confesado su intervención en el asesinato del militar trasandino, trabajando al servicio de la temida policía secreta del régimen pinochetista, la DINA.
Esas confesiones fueron posibles en el marco de un acuerdo de reciprocidad entre la justicia de ambos países, pero sobre las mismas pesa "confidencialidad", lo que en principio impediría "incorporarlas por lectura" y por ende "no existiría en el juicio".
Atento a ello, los jueces libraron un oficio a través del Ministerio de Justicia para que sea levantada esa confidencialidad.
Townley y su esposa habrían sido los encargados de colocar el explosivo en el automóvil en el que murieron Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, mientras que el único acusado en el juicio, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, habría apoyado esa acción.
Los dichos de Townley a Servini de Cubría dieron pie a viajes posteriores de la magistrada a Santiago para interrogar a los máximos responsables de la DINA, y aportaron elementos para responsabilizar a Pinochet, y pedir su extradición.