Berlusconi y el también parlamentario europeo Marcello dell´Utri están imputados en seis delitos contra el fisco español y otros seis de falsedad, por los que podrían ser condenados a una pena superior a los 20 años de prisión cada uno. El escrito de imputación del fiscal, del 30 de noviembre de 1999, y por el que se pidió el recurso ante la máxima instancia ibérica, señala que “existen fundadas sospechas” de que se otorgaron coimas a miembros de la Administración pública española o de partidos políticos para evitar inspecciones.
El Tribunal Constitucional recordó en su resolución que Berlusconi, como miembro del Parlamento Europeo en un Estado del que no es nacional, tiene únicamente “inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial”, pero no tiene fueros para ser enjuiciado por el Tribunal Supremo –salteando a la Audiencia Nacional- porque esa prerrogativa parlamentaria sólo corresponde a los parlamentarios europeos españoles.
Los magistrados precisaron que el caso no tiene ninguna relación con el derecho a la igualdad ante la ley, alegado por Berlusconi, ni con el derecho al juez natural. El máximo tribunal dijo respecto de la defensa del presidente del Milan que “las violaciones de los derechos fundamentales alegadas carecen manifiestamente de contenido”.