La medida se produce luego de que se decretó un embargo sobre la firma Peugeot de 36 millones de pesos, que en su momento generó preocupación tanto en el empresariado como en la diplomacia francesa- sensibilizada también por el caso "Renault"- como en algunos sectores del gobierno que sostienen que estas medidas producen desaliento a los proyectos de inversión en el país y el estancamiento en la generación de puestos de trabajo.
Así, Carlos Pizzatelli, Marcos Arnoldo Grabivker y Roberto Hornos, integrantes de la sala B, confirmaron y agravaron lo dispuesto en primera instancia por el juez Guillermo Tiscornia –suspendido en sus funciones por el Senado-, que había procesado al titular de Sevel SA y dictado la falta de mérito del presidente de Boca Juniors y ex directivo en la empresa de su padre.
La causa, que se inició en 1993, volverá a la instancia de instrucción y quedará a cargo de Carlos Liporace, que subroga a Tiscornia.
Según la investigación, Sevel vendía las autopartes a una firma uruguaya, por lo que cobraba derechos de exportación. La empresa domiciliada en Montevideo, a su vez, armaba los automóviles y los exportaba nuevamente hacia Argentina con aranceles diferenciales. Además, desde Buenos Aires las partes salían con el rótulo de “venta definitiva” en lugar de “piezas temporarias”.