20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Crítica situación en las Defensorías Oficiales

Ante la falta de defensores oficiales y la acumulación de causas, un tribunal Oral Criminal tramitó un llamado público para que abogados actúen como defensores oficiales en forma gratuita.

 
La Defensoría General de la Nación, cuyo titular es Miguel Ángel Romero, remitió un oficio respondiendo e informando la crítica situación de las Defensorías a la Cámara de Casación Penal, quien a través de una nota había demostrado cierta preocupación por la situación de colapso en las Defensorías Oficiales. Antes de que este Tribunal emitiera una respuesta, se pronunció el Tribunal Oral Criminal Nº 19 quien decidió abrir un llamado público de abogados para que actúen como defensores oficiales en forma gratuita. Según fuentes allegadas esta determinación no cayó bien en la Cámara de Casación Penal porque eran precisamente ellos quienes habían iniciado 15 días antes la tramitación de los requerimientos ante la Defensoría General procurando una salida inmediata al conflicto.

Según datos estadísticos proporcionados por el Tribunal Oral número 19, cada uno de los 30 Tribunales atiende por año unos 150 expedientes y sólo en un 20 por ciento de ellos se paga un abogado particular. Así, los Defensores Oficiales atienden cerca de 3600 expedientes por año con un promedio de 180 causas cada uno, en promedio, un 20 por ciento más de causas.

Romero le hizo saber de la situación al presidente de la Cámara, Dr. Eduardo Rafael Riggi, tal como anteriormente se les había notificado a los jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal, sobre la problemática que ocasiona la disparidad numérica existente entre Tribunales Orales y Fiscalías respecto de las Defensorías Oficiales actuantes en ese fuero. En un principio integraban un total de diez, siendo posteriormente incrementadas en igual número de Defensorías Adjuntas.

Romero, manifestó que “se ve incrementada por la cantidad de Defensores que a la fecha se encuentran en uso de licencia por prescripción médica, circunstancia que aunada a la vacante de la Defensoría Pública Oficial Adjunta número 14, ocasiona una sobrecarga de tareas materialmente imposible de afrontar con la periodicidad que se venía cumpliendo con el número de magistrados de la Defensa actualmente en funciones”.

También el Defensor General, indicó que “desde mi organismo fueron promovidas numerosas medidas para una efectiva solución al caso” al tiempo que recordó que “desde julio del año 1998 se remitieron para su tratamiento en el Congreso, distintos anteproyectos de ley postulando la creación de los cargos de defensores necesarios para equiparar la diferencia numérica existente respecto del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, a raíz de que se fue incrementando la demanda de la defensa pública y la actuación de más de un Defensor de Oficio, en virtud de la existencia de intereses contrapuestos entre imputados en una misma causa”. Con relación a la vacante del cargo de Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal, Defensoría número 14, Romero indicó que “se tramitó y concluyó el respectivo Concurso Público de Antecedentes y Oposición en los términos de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 24.946. La terna de candidatos resultante del mismo fue elevada a consideración del Poder Ejecutivo en el mes de mayo del corriente año, quedando pendiente del acuerdo del Senado Nacional, el pliego del concursante cuyos antecedentes fueron remitidos” .

En la Defensoría General, se recordó que “las necesidades en la justicia son responsabilidad de los abogados del Estado” y que “por ello no coinciden, ni están de acuerdo con lo hecho por el Tribunal Oral Criminal número 19”. Es que “para los defensores con años en la profesión, es viejo y conocido que la Defensa Oficial está sobrecargada, el número de causas que se tramitan es cada vez mayor y se registran dificultades en algunos sectores”. Un dato relevante es que 20 defensores oficiales deben atender las causas de 30 Tribunales Orales, integrados por tres jueces cada uno, que suman 90 magistrados en total y al menos un fiscal en cada Tribunal, es decir 30 fiscales.

El abogado defensor Diego Leif Guardia, alertó en un reportaje radial que “es necesario modificar por ley la cantidad de defensores y dotarlos de personal y elementos de trabajo para llegar a una solución del problema”. Leif Guardia, quien actúa ante jueces de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción número 16, se refirió a la crisis de las defensorías dado que “la cantidad de defensores que actúan ante distintos juzgados son pocos en comparación a la cantidad de fiscales, lo que genera acumulación de causas, teniendo en cuenta que cada defensor debe atender más de 600 por año”.

“A esto –agregó- se le suma la problemática de que muchos abogados defensores padecen cuadros de estrés, precisamente por el excesivo trabajo y en esta cadena de crisis también se ve afectado el defendido quien no tiene abogado que lo represente”.

En el primer semestre de 1999 la cantidad de designaciones fue para 2302 defendidos con un total de actos preliminares, ofrecimiento de pruebas, instrucción suplementaria, pedido de sobreseimientos y recursos que superaron 14.600 acciones para 20 responsables de la Defensa. En tanto, en el segundo semestre del mismo año sumaron 2.132 las designaciones y el total de acciones fue superior a 12.000. Al finalizar 1999 según datos estadísticos, el total de expedientes en trámite fueron alrededor de 4.000 en el primer semestre y de 3.000 en el segundo.



maría laura morales / dju
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