Los 69 senadores y quienes ocuparon esos cargos en los últimos ocho años además tendrán que entregar a la fiscalía los números de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito. Sin embargo, las posibilidades de que los investigadores se puedan reunir con toda la información son escasas, ya que si bien en 1996 la Cámara votó por unanimidad una resolución que obligaba a entregar las declaraciones, muchos legisladores no cumplieron con sus obligaciones hasta 1998, cuando se sancionó la ley de Ética Pública.
Con los bienes declarados en su poder, la Justicia sería capaz de determinar cómo fue la evolución patrimonial de cada uno de los representantes legislativos provinciales. El flamante presidente provisional del órgano legislativo, Mario Losada, fue quien ordenó la entrega, a pesar de la reticencia de la bancada justicialista, que anteayer intentó la aprobación de un proyecto para rechazar el pedido judicial.
La entrega de la documentación comenzó ayer en una reunión en la que participaron, además de Starc y otros enviados del Ministerio Público, el secretario parlamentario José Canata y Carlos Carranza Vélez, de la Escribanía General de Gobierno.
El intento por evitar la entrega de las declaraciones se basó en cuestiones de procedimiento. Los justicialistas cuestionaron que la nota haya sido enviada a Canata y no al presidente del Senado, Rafael Pascual; y que no debía ser Starc, sino el Procurador General Nicolás Becerra quien hiciera la petición.
En cuanto a la acusación de enriquecimiento ilícito, los investigados son tres de los protagonistas de la causa que lleva paralelamente Carlos Liporaci por el presunto pago de coimas para aprobar la ley de reforma laboral 25.250: Augusto Alasino, Jorge Massat y Emilio Cantarero.
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