El tribunal, integrado por los jueces Raúl Madueño, Wagner Gustavo Mitchell y Pedro David, recibió esta semana el expediente que le giró la Cámara Federal de San Martín, que se suma a un recurso similar que ya se encontraba en estudio.
Un vocero de la Casación consultado por Diariojudicial.com aseguró hoy que la Cámara asume que se trata de "una gran responsabilidad" por lo que subrayaron que "se tenga la certeza de que vamos a adoptar la decisión que desde la Constitución y nuestra conciencia sea la que corresponda".
Asimismo, el vocero judicial confirmó que familiares de los detenidos que cumplen una huelga de hambre en reclamo por la revisión de sus condenas fueron recibidos el jueves por los magistrados integrantes de la Sala Segunda, quienes se comprometieron a garantizar la salud de los mismos.
En ese sentido, y horas después de aquella entrevista, se dio instrucción al Cuerpo Médico Forense "para que examine el estado de salud de los internos" a la vez que se libró oficio al flamante Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Mariano Chiafardini, para que "extremen las medidas" en ese sentido, y "si es necesario" intervengan en la atención de los presos los médicos judiciales.
Por otra parte, el vocero subrayó que es necesario tener la "certeza de que los jueces de este tribunal estamos avocados al tratamiento de la cuestión", a la vez que confió que durante la reunión con los familiares estos le plantearon su preocupación por la salud de los huelguistas y "la necesidad que alguien les de respuesta a sus reclamos". Ayer, la Cámara de Diputados pospuso el tratamiento de la reforma a la Ley de Defensa de la Democracia por la que fueron juzgados y condenados los detenidos, reclamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud del cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica. El proyecto no fue incluido en el orden del día y es muy probable que su tratamiento -que no cuenta con el apoyo del PJ- se dilate hasta tanto haya un pronunciamiento de la Cámara de Casación.
En tanto, el ministro del Interior Federico Storani planteó ayer ante un grupo de intelectuales que el gobierno no indultará a los condenados, contrario a los reclamos de sectores del justicialismo quienes sostienen que debe pagar "el costo político" de la medida, así como lo hizo Carlos Menem con los ex integrantes de las juntas militares y con los lideres de las organizaciones subversivas en su momento.
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