La denuncia había sido formulada días atrás por una comisión de juristas justicialistas quienes responsabilizaron a la gestión del dirigente radical pampeano por no haber adoptado las medidas que garantizaran el control del mal.
Por otra parte, una acción de amparo tendiente a que se adopten medidas "inmediatas" contra la propagación de la fiebre aftosa, fue rechazada porque quien lo formuló lo hizo en el carácter de "simple ciudadano", sin probar un perjuicio directo por las consecuencias de la enfermedad.
La juez en lo contencioso administrativo Liliana Heiland no hizo lugar a la presentación del abogado Carlos José Díaz fue por entender que las medidas reclamadas, en caso de corresponder, deberían ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional". Diaz apeló la medida de inmediato ante la Cámara de ese fuero.
El letrado había interpuesto una acción de amparo pidiendo a la justicia que "afecte los recursos humanos y materiales tendientes a evitar la propagación del brote de fiebre aftosa" ya que el Ejecutivo no habría ejercido su "indelegable" poder de policía, y por eso pidió la intervención de la juez para que se ordenen las acciones necesarias.
En ese sentido , Heiland sostuvo que Diaz "tiene un mero interés simple en la causa" y que "se presenta como simple ciudadano en la acción de amparo".
Asimismo, evaluó que "pretender que el juez ordene al Estado Nacional que disponga la afectación de recursos humanos y materiales para impedir la propagación del actual brote de fiebre aftosa" implicaría "sustituir al PEN en el ejercicio de las prestaciones que constitucionalmente le han sido atribuidas".
La otra causa
Por su parte, los fiscales federales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan solicitaron que se haga lugar a un pedido de investigación del "tratamiento oficial dispensado al tema de la aftosa", realizado en una denuncia iniciada el 15 de marzo último por los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Control de las Investigaciones Judiciales, del Partido Justicialista.
Los integrantes de esa comisión partidaria hicieron referencia a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y posibles delitos contra la Salud Pública, por parte del ex secretario del área Antonio Berhongaray y funcionarios que lo acompañaron en la gestión.
Esta presentación recayó en el juzgado federal 7 actualmente a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y fue suscripta por los abogados Roberto Ribas, María Osella Muñoz y José Licinio Scelzi, quienes denunciaron la presunta "desidia, inoperancia e incompetencia" por parte del ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca al no frenar a tiempo la proliferación del mal cuando el país había quedado calificado como "libre de aftosa". "Ello -dijeron- ha concurrido a propiciar la extensión del brote, y la falta de vacunación a tiempo como así también de políticas sanitarias coherentes, ha llevado a una verdadera crisis ganadera cuyas pérdida a la Nación y a los productores son cuantiosas e irreparables".
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