04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Una polémica declaración de inconstitucionalidad

Un juez de instrucción de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad de la Fiscalía provincial de Investigaciones Administrativas.

 
Según una información difundida por el diario El Heraldo, de Entre Ríos, el juez de Instrucción de la localidad de Rosario del Tala, Daniel Olarte, decidió declarar inconstitucional la ley 9245, que establece la creación de la Fiscalía provincial de Investigaciones Administrativas (FIA), en una causa iniciada por ese organismo contra el ex director y una administradora del Hospital San Roque, de esa localidad.

La novedad fue confirmada por el abogado Hugo Valdivieso, defensor de los coimputados Jorge Berráz y Alicia Gallo, en la causa por presunta malversación de fondos en dicho nosocomio.

El abogado detalló que, "luego de producirse la denuncia contra los imputados, la Fiscalía se constituye como querellante y nuestra parte plantea el rechazo a esta acción y se solicita que se expida sobre la constitucionalidad de la creación de la FIA, basándose en los argumentos sólidos difundidos por el Congreso de Derecho realizado hace poco tiempo en Concordia".

"Ante esto el juez Olarte hace lugar al reclamo por la mala constitución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y declara la inconstitucionalidad de la ley 9245", añadió.

El fallo no está firme y el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira, adelantó que apelará la sentencia del juez.

Sobre los argumentos esgrimidos en el fallo, Rovira opinó que "el juez está equivocado. Es un fallo totalmente erróneo, que no tiene fundamentos jurídicos valederos y que en su momento serán revocado por los organismos de apelación".

La sentencia está dictada en un juicio en el que se investiga una denuncia por corrupción administrativa en el hospital San Roque de Rosario del Tala y en el que fue imputado por el Ministerio Público Fiscal un ex director y una ex administradora. Se los acusa de fraude en la administración pública, por evasión de las normas sobre contratación en las compras de medicamentos.



dju / dju
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