I) ORDEN CERRADO

En torno al ex presidente Augusto Pinochet por parte de la Corte Suprema de ese país al punto que los defensores trasandinos del anciano y vitalicio senador se hayan jactado de ignorar el pedido de detención y extradición que le formuló la juez argentina María Servini de Cubría al punto de referirse en términos altamente peyorativos no solo para la magistrada actuante sino para el resto de la magistratura local. Los máximos jueces chilenos, fuertemente influenciados por la activa derecha de ese país, hasta llegaron al extremo de presionar para que renuncie a uno de sus propios miembros que en su momento había pretendido confinar en Santiago a Pinochet, curiosamente, mediante la aplicación de un viejo decreto de arraigo con que el ex presidente encerraba en un límite geográfico bien precisos a sus enemigos políticos no comunistas o socialistas porque para estos y mucho más para los guerrilleros del MIR o de otros grupos terroristas de izquierda, el castigo era muy superior y menos civilizado. Lo que sorprende a los poco confiados abogados chilenos, es que esta defensa de Pinochet coincide con la tarea -que en el cumplimiento del mandato profesional- le han puesto a su defensa ajustada a estricto derecho los defensores oficiales, quienes llevan adelante su rol impuesto por ley más allá de sus posiciones personales frente al personaje que les toca patrocinar.

hugo morales / dju