Según publicó hoy La Gaceta de Tucumán, desde principios de este año varios analistas se instalaron en la provincia para hacer un informe sobre la seguridad, y las posibilidades de mejorarla. Los resultados establecieron que “en base a las limitadas estadísticas oficiales puede observarse en los últimos 10 años en Tucumán la existencia de altas tasas de delitos contra la propiedad y contra las personas lo que, contextualizado con otros procesos sociales, económicos y culturales, ha generado un sostenido aumento de la sensación de inseguridad”.
El dinero del crédito otorgado por el BID a Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fé y a algunos partidos bonaerenses no será utilizado para compra de armamento ni vehículos o chalecos antibalas, sino “para una verdadera reingeniería de la fuerza”.
“Algunas cosas ya se están haciendo, como la Policía comunitaria, pero recién comenzamos”, aseguró la secretaria de Gobierno Malvina Seguí, en diálogo con La Gaceta. Sin embargo, hace poco se dio el caso de cuatro barrios de la capital provincial que inauguraron un destacamento policial, que no tenía medios ni elementos para trabajar, y ante una ola de asaltos se vieron superados.
Con el nuevo proyecto, se realizaría antes un estudio detallado, para conocer los pros y los contras de instalar una dependencia policial en esas condiciones. Se podría conocer el prontuario de cada persona en segundos, sin necesidad de recurrir a la polémica Ley de Detención por Averiguación de Antecedentes.
El esquema de trabajo ha sido probado ya en otras latitudes, como Sudáfrica. El informe citado agrega que “el objetivo del programa es reconstruir la institución policial, transformando su normativa, organización y cultura, para generar racionalidades y técnicas democráticas de trabajo que sean eficaces y eficientes en la prevención y la investigación de los delitos, colocando como objeto y límite de su actividad el derecho ciudadano”.
Otro de los temas que preocupó a los analistas fue el de los continuos llamados telefónicos al número de la Secretaría de Gobierno para denunciar abusos o corrupción policial, uno de los puntos más difíciles de erradicar de la fuerza, según el informe realizado y por el que la provincia resultó merecedora de parte del crédito.
El plan de trabajo consiste también en el rediseño de las currículas policiales, seguimiento de actividades, modernización de sistemas investigativos, creación de un cuerpo de Policía Judicial y capacitación permanente para los efectivos policiales.
Según las declaraciones de Seguí a La Gaceta, el proyecto permitirá concretar el tan ansiado “clima de seguridad” en la provincia. Pero los analistas consideran que “para que ello se lleve a cabo se debe dar un verdadero cambio de conciencia en la Policía, y esperar que los tres poderes del Estado estén de acuerdo en profundizar una reforma que redundaría en beneficio de todos”.