Leiva contraatacó al sostener que su citación es “una venganza de (Raùl) Moneta”, el banquero al que procesó y ordenó su prisión preventiva, en relación con la liquidación del Banco Mendoza.
El magistrado fue citado por los consejeros para que comparezca según el artículo noveno del reglamento del cuerpo el 5 de diciembre próximo, en virtud de las pruebas recopiladas en su contra. Durante el transcurso del año, los miembros del Consejo citaron a personas relacionadas a Leiva. La mayoría de los testigos que desfilaron por la Comisión de Acusación fueron integrantes de la justicia mendocina, entre ellos camaristas, fiscales y empleados del juzgado donde se desempeñaba Leiva.
Sin embargo el testigo que más comprometió al magistrado federal que está cada vez más cerca del jury de enjuiciamiento fue el ex banquero Raúl Moneta, tras declarar ante los consejeros en audiencias privadas. Moneta atestiguó que el juez habría intentado “sobornarlo” a cambio de su libertad. El ex banquero fue uno de los implicados en la caída del Banco de Mendoza y además presidió su directorio; la causa se tramitaba en el juzgado de Leiva quien debió pedir la captura de Moneta tras haberse dado a la fuga.
Leiva funda su pedido de nulidad de citación en que los pedidos de enjuiciamiento que se tramitan en la Comisión de Acusación en su contra son “una venganza de Moneta”. En un extracto del escrito presentado por el magistrado federal, este indica que “es menester destacar nuevamente que los pedidos de remoción planteados fundamentalmente a partir de diciembre de 1999 (fecha en la que Raúl Moneta obtuviera el traslado de la causa número 9263-C “Fiscal Av. Delito” a los tribunales porteños y en consecuencia el levantamiento de su pedido de captura) se han presentado un considerable número de denuncias ante ese Consejo de la Magistratura, prohijadas y en consonancia con los propósitos de venganza abiertamente manifestados por el Sr. Moneta. De todos ellos o al menos de la mayoría he tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas lo que sólo me ha permitido al no conocer en profundidad y exactitud el contenido de cada una, efectuar meras presentaciones espontáneas”.
Leiva manifestó también que “no se me ha permitido a lo largo de casi un año ejercer mi derecho de defensa, controlar la prueba que preliminarmente se ha recogido en esa Comisión y hoy a sólo diez días hábiles de la fecha dispuesta, se me convoca para ejercer el correspondiente descargo, sin tener tal como adelantara conocimiento de cada una de las denuncias, cuando lo cierto es que ellas involucran actuaciones judiciales extremadamente voluminosas (más de 20 mil fojas) y de una complejidad notoria”.
El magistrado federal también se refirió en su escrito a la implicancia de asistir a la audiencia en virtud de la distancia entre Mendoza y Capital Federal, y además consideró que debido a la tarea judicial durante el año (un juzgado de instrucción con tres secretarías penales más otra de competencia penal), se complicaría obtener la documentación de las denuncias.
Mañana, la diputada radical Elisa Carrió asistirá a la Comisión de Acusación para comparecer ante el cuerpo. La legisladora fue citada a declarar según el artículo séptimo, para aportar información relacionada a la causa contra Leiva. Carrió integró la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y según el ex consejero Melchor Cruchaga, en esa oportunidad el magistrado cuestionado estaba implicado en una causa que se tramitaba en ese cuerpo del Congreso Nacional.