Con este tratado “a la usanza alemana, abandonando la tradición de numerosos tomos”, Zaffaroni, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), es profesor titular y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA desde hace siete años, intenta una dinámica que, aunque atípica, considera obligada. “No se puede hacer el mismo derecho penal después de la tragedia de la dictadura militar. Siempre que el poder se escapa, cuando no lo podemos contener, termina en genocidio”, dijo ayer, rodeado por el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa; el embajador de Costa Rica en Argentina; Andrés D´Alessio, decano de la facultad de Derecho; y por los profesores Manuel de Rivacova y Rivacova (Universidad de Valparaíso, Chile), Ofelia Grezzi (Universidad de la República del Uruguay) y Juárez Tabarés (Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil).
“Esta obra reemplaza al Tratado de Derecho Penal del despuntar de los años ochenta, precedido por la Teoría del delito (1973) y el Manual de derecho penal (1977), que acogían la discusión dogmática de hace tres décadas o más”, explicó Zaffaroni ayer en el salón Rojo de la facultad de Derecho, absolutamente desbordado. “En el ensayo En busca de las penas perdidas (1989) se prometía la revisión de la construcción teórica del derecho penal, relegitimándolo como saber acotante del ejercicio del poder punitivo, función esencial al estado constitucional de derecho en relación dialéctica con el estado de policía. El desarrollo de esta idea y su confrontación con nuevos interlocutores, obligó a modificar numerosas soluciones, lo que se hizo sin prejuicio alguno en cuanto a la profundidad revisora de las anteriores”, completó.
El nuevo Tratado está dirigido “a las personas de derecho y, en especial, las de la magistratura argentina y latinoamericana, a cuyo cargo queda la tarea de contener las pulsiones de los estados de policía en la región”, según aclaró Zaffaroni , que en esta oportunidad tuvo de coautores o “partícipes necesarios” a Alejandro Alagia y Alejandro Slokar.
Según Ofelia Grezzi, penalista y profesora uruguaya, el nuevo tratado “es una obra polémica, que va a abrir nuevas líneas en el Derecho Penal de la región”. Pero Grezzi fue más allá, al considerar que la obra traerá un cambio de paradigma: “Zaffaroni ve a la pena como una parte más del derecho penal, como expresión de un acto político caracterizado en el poder punitivo. Y es el derecho penal una función reductora de ese poder, ahí está el cambio de paradigma”.
Por su parte, Manuel de Rivacova y Rivacova, amigo de Zaffaroni desde hace cuatro décadas, lo elogió al explicar que “limitar el poder punitivo es racionalizar, y así se garantizan los bienes jurídicos”.
Sin dudas el más verborrágico de los expositores –y el más aplaudido, inclusive superando al propio autor- fue el brasileño Juárez Tabarés, docente y miembro del ministerio público de Río de Janeiro, que aseguró que el nuevo tratado “es la más importante obra de derecho penal de Latinoamérica y de todos aquellos países que quieren un derecho penal garantista y no fascista”.
Además, Tabarés indicó que con el libro de Zaffaroni “la teoría del delito deja de ser gramática universal, que tiene como presupuesto la neutralidad del saber y un alejamiento del contexto”, y aclaró, “no es lo mismo tratar a alguien en un país seguro en cuanto a su futuro a otro que vive en la miseria, por eso estamos frente a una obra fundamental en la edificación de una nueva teoría del delito en Latinoamérica”.
El penalista de Brasil aseguró que Zaffaroni “regla el derecho penal para garantizar la libertad”, pero que la parte más importante del libro es “su reclamo político”. Por eso volvió contra la gramática universal, a la que consideró “inadecuada cuando las elites políticas están alejadas del pueblo, y cuando parecen estar cerca, llegan al poder y se escapan”.
Paradójicamente el turno siguiente en la exposición fue para el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, a quien Zaffaroni definió como “el mejor comentador del código penal argentino”, y como el mejor representante del también cordobés y ya fallecido penalista Ricardo Núñez. De la Rúa destacó la interdisciplinariedad que plantea el director del INADI del derecho penal con el derecho internacional público, con los derechos humanos, con el derecho procesal penal y con el constitucional.
Un momento de tensión
A sólo un metro del ministro y separado por D´Alessio estaba sentado Zaffaroni, quien pocos minutos después se refirió a su paso por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, en Costa Rica: “Varios ministros de Justicia de la región, intelectuales y hombres honestos, me solían decir: “estamos sitiados por el poder, por la demagogia vindicativa´”.
Difícil es saber qué habrá pasado por la mente del ministro en ese momento, que antes de la frase de Zaffaroni ya estaba sitiado. Pocos minutos antes habían entrado al recinto una decena de jóvenes familiares de los presos por el copamiento al regimiento de La Tablada, con pancartas en alto que rezaban “Libertad a los presos en huelga de hambre, que se cumpla con el reclamo de la OEA (Organización de Estados Americanos)”.
Al finalizar la presentación y con los aplausos aún en su mayor expresión, De la Rúa le dio la mano a Zaffaroni y disparó hacia el decanato, pegado al Salón Rojo. Hasta allí fue perseguido por los jóvenes que querían conocer su respuesta al pedido de indulto o conmutación de penas que habían realizado pocas horas antes en el ministerio a Melchor Cruchaga, secretario de Justicia, y a Diana Conti, subsecretaria de Derechos Humanos. De la Rúa se pudo escabullir y sólo atendió a un representante de los familiares en el despacho de D´Alessio. La respuesta no fue desalentadora, aunque no calmó el nerviosismo de los manifestantes: “se está trabajando”. Después de diez minutos, De la Rúa virtualmente se escapó por una puerta que da a la sala de profesores de la facultad, y evitó así un potencial escándalo.