Así, el Poder Ejecutivo se juega una última chance en el Congreso de la Nación, y vuelve a resaltar la oposición del Presidente a un indulto para los ex guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), aunque busca una salida definitiva para preservar la imagen ante la comunidad internacional, que espera una respuesta a tres años de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la Rúa además quiere llegar a Costa Rica –país que visitará la semana próxima-, donde funciona la Comisión que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el problema en vías de solución.
El objetivo de De la Rúa y de su hermano Jorge, ministro de Justicia y Derechos Humanos, es llegar a fin de año con la media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, de persistir la férrea oposición del justicialismo, no tendrán otra opción que recurrir al decreto de necesidad y urgencia, que tendrá el mismo contenido que la ley que ambos ya elevaron al Poder Legislativo.
La oposición segura a un reglamento del Ejecutivo será la prohibición expresa de la Constitución Nacional a la legislación a través de decretos de necesidad en materia penal. Sin embargo, desde el Gobierno ya han tanteado esta situación y plantearán la situación como procesal penal, y así intentarán escapar de una potencial inconstitucionalidad.
La otra vía con la que contaba el Ejecutivo era la de Casación, que podría haber interpretado el Pacto de San José de Costa Rica operativamente, pero se desvaneció el último viernes cuando la Sala I, que integran Pedro David, Raúl Madueño y Wagner Mitchell, decidió no llegar al fondo de la cuestión sin una ley local.
Desde la Subsecrataría de Derechos Humanos aseguraron que los presos se encuentran en buen estado de salud, y que hasta el momento sus vidas no están en riesgo.
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