Al margen en esa comisión, lo cierto es que políticamente su situación se ha tornado compleja, sobre todo cuando algunos consejeros sostienen que no es necesario que un juez haya cometido flagrantes violaciones a la ley sino que con la sola comprobación de actos que se contradigan con la “moral judicial”, puede ser pasible de destitución porque de ello se trata: juicio político. En tanto, el juez investigado debe soportar todo el escarnio de la prensa y de la clase política en un marco de incómoda incertidumbre. Agravada, en este caso, porque se trata del mismo magistrado que investiga el escándalo institucional de mayor repercusión en el país por el daño que produce sobre la clase política, confundiendo a una –cada vez mayor- descreída opinión pública.
hugo morales / dju
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