La reunión del COSENA –que se efectivizó sólo 6 veces desde el regreso de la democracia en Chile, en momentos de crisis agudas- fue una alternativa que barajaron las Fuerzas Armadas luego de que el juez especial Juan Guzmán sometiera a proceso al dictador y ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, acusado de más de 70 desapariciones y homicidios en la denominada “Caravana de la muerte”.
Precisamente Guzmán, un magistrado que fue investido de un poder especial para investigar las causas contra Pinochet sin una jurisdicción específica y que ordenó su procesamiento y detención el viernes pasado, aseguró hoy que no renunciará a seguir con el caso en sus manos a pesar de las presiones que ha recibido en ese sentido de parte de la defensa del militar retirado y de la derecha local.
El magistrado procesó a Pinochet como autor intelectual y coautor del delito de secuestro calificado en 19 casos de desaparecidos y de 53 ejecutados en el caso "Caravana de la muerte" (ocurrido en octubre de 1973, a un mes del golpe de Estado en el que derrocó al presidente socialista Salvador Allende), y ordenó medidas similares contra los otros seis imputados en el caso aumentando su responsabilidad penal al delito homicidio calificado.
La figura del secuestro calificado es la que eligió Guzmán para encuadrar las desapariciones, no contempladas como tales en le legislación penal chilena. En otra decisión sorpresiva, el juez las calificó como delitos permanentes, una definición doctrinaria que también fue utilizada en Argentina para la apropiación de los bebés hijos de los desaparecidos. Así, Guzmán logró esquivar la autoamnistía dictada por el propio Pinochet promediando su dictadura de 17 años y que abarca los delitos cometidos hasta 1980, al considerar que las conductas típicas se seguirán cometiendo hasta que aparezcan los cuerpos.
Guzmán hizo sobresaltar a todos con su decisión, ya que no esperó la realización de los exámenes psiquiátricos y neurológicos que él mismo había ordenado y tampoco practicó una declaración indagatoria. La acción generó críticas de la defensa, la derecha y los uniformados.
En declaraciones a Radio Bio-Bío de Santiago, el magistrado dijo que su decisión actuó a plena conciencia y que se ajustó a derecho, sin pensar en las eventuales repercusiones que pudiera traer con posterioridad. Las palabras las emitió en la puerta de su vivienda particular, hasta donde llegaron unos 40 miembros del Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet para protestar por su decisión, mientras entonaban: “Juez Guzmán, vergüenza nacional”.
Con su casa custodiada por la policía, Guzmán accedió a salir a dialogar con los manifestantes y aceptó la carta que le llevaba el líder del Movimiento, Marcelo Cabrera, en la cual le pedían su renuncia a la causa, motivada en la divulgación de la carta de apoyo a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, querellante en la causa y quien ha sido objeto de una campaña de desprestigio por sectores derechistas, y por lo que el juez tendrá que enviar hoy un informe a la Corte Suprema y podría sufrir alguna sanción.
Por su parte, el Presidente Lagos indicó, además, que “lo ideal es no tener expresiones de molestia cada vez que a las Fuerzas Armadas no les guste la decisión de los tribunales”. Sin embargo, aseguró que todos tienen derecho a expresarse dentro de los márgenes del respeto a la institucionalidad vigente.
Ante las deliberaciones castrenses y un enrarecido clima golpista, Lagos trató de enviar tranquilidad a los chilenos desde México: “Yo, como Presidente de la República, puedo decirle que el país está tranquilo y las instituciones funcionan adecuadamente. En cuanto a cualquier hecho judicial o de otra naturaleza, siempre hay sectores en una democracia que están más contentos y otros que están mas tristes”.