Ambas indagatorias fueron dispuestas hoy por el juez federal Adolfo Bagnasco, luego de recibir por parte de su colega suizo, Michael Graver, documentación sobre cuentas bancarias abiertas en su país por los imputados, donde se habría depositado dinero de las coimas.
Graver confirmó movimientos bancarios realizados por las esposas de los Dadone, Norma Caldara y Antonia Albarracín, que serán indagadas por el magistrado también el jueves y el viernes de ésta semana.
Fuentes judiciales cercanas a la investigación indicaron que los datos que llegaron de Suiza confirmaron que Mario Dadone y su esposa Norma Caldara ingresaron en la Unión de Bancos Suizos, en Zurich, la suma de 1,5 millones de dólares.
Luego, los fondos fueron transferidos a otra cuenta en la que aparece como titular Albarracín, esposa de Aldo Dadone, mientras que otra parte del dinero fue cobrada en efectivo en Buenos Aires, aunque se desconocen sus destinatarios.
Mario Dadone había sido procesado por Bagnasco por cohecho pasivo, pero luego la Cámara revocó ese fallo.
La Justicia logró recuperar 4 millones depositados en dos cuentas de Alfredo Aldaco y Genaro Contartese, dos ex directivos del Banco Nación también involucrados en el affaire, en cuyo marco se habría pactado el pago de una coima estimada en 35 millones de dólares, de los cuales se habrían pagado 21.
La ruta del dinero estuvo orientada a la banca suiza y a los Estados Unidos, donde se habría transferido parte de la coima.
Las indagatorias dispuestas hoy por Bagnasco podrían constituir el cierre de la instrucción y su elevación a juicio oral y público, pero en las últimas semanas surgieron nuevos elementos que involucrarían en forma directa a ex directivos de la casa matriz de IBM, en los Estados Unidos.
El juez Bagnasco desistió de la orden de captura internacional de dos ex directivos de IBM , Steve Lew y Peter Rowley, ante la posibilidad de tomarles declaración testimonial en su país, en el marco de los acuerdos de asistencia recíproca entre la justicia argentina y la estadounidense. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos se había negado a enviarlos a la Argentina para su indagatoria, en tanto el fiscal de la causa, Carlos Cearras, se opuso a que declaren como testigos.
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