La causa en la que están denunciados todos los miembros del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ministros de la Corte Suprema, había recaído en el juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que delegó la instrucción en Comparatore.
El fiscal ofició a Ciafardini para que informe “toda actuación, como también temperamentos y resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional” relacionadas con los doce condenados en huelga de hambre desde hace 107 días.
A Cisneros, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, que está a cargo de la ejecución de las penas, Comparatore le solicitó que le remitiera copias certificadas del estado actual de los autos principales.
Por su parte, a Rodríguez Giavarini le pidió que le remitiera una copia de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 1997, que se estaría incumpliendo al negársele a los presos una instancia de revisión de sus condenas. Además, al ministro de Relaciones Exteriores, que aseguró a la Comisión a través de un nuevo informe que la doble instancia sería otorgada por la vía judicial, le requirió la normativa “respecto del tratamiento que el Estado argentino debe dar a las resoluciones del organismo internacional”.
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