La denuncia contra el dirigente sindical -que se vio obligado a pedir disculpas ante los numerosos rechazos a sus afirmaciones- fue formulada por el afiliado radical Martín Humberto Rubio, y quedó radicada en el juzgado federal 12, a cargo transitoriamente de Gustavo Literas, por encontrarse vacante.
En su presentación Rubio invocó el artículo 226 bis del Codigo Penal que reprime con penas de 1 a 4 años a quien "amenazare publica e idoneamente" con "deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional ".
Rubio consideró que la forma de "resolución de conflictos políticos planteada por el señor Daer dista de modo enorme de los mecanismos constitucionales de recambio de autoridades previstos".
Por otra parte, sostuvo que Daer amenazó el orden constitucional de manera "concreta" reflejada en la "pretendidoa modificación de los plazos y mecanismos previstos" por la Carta Magna en sus artículos 1, 28, 36, 53, 87, 94 y subsiguientes.
El denunciante explicó que existen dos elementos constitutivos de la amenaza pública de rebelión tales como su publicidad e idoneidad.
En el primero de los mismos hizo referencia a la amplia difusión que tuvo el discurso de Daer, reflejada en los diarios de alcance nacional que titulan con la cita del tramo final del mismo, cuando el dirigente gremial afirmó que "vamos a volver a esta plaza de Mayo para reclamar o sacar a patadas a este gobierno".
Por otra parte, sostuvo que también esta probada su idoneidad a raíz de la capacidad movilizante de la CGT, "que nuclea a todos los trabajadores organizados sindicalmente. "en este sentido la medida de la idoneidad desde el punto de vista exclusivamente jurídico, es la capacidad de influencia de quien amenaza".
"Es indudable e irrefutable la capacidad de influencia del señor Daer sobre los trabajadores argentinos organizados", concluyó el denunciante.