El 12 de diciembre pasado, Liporaci presentó su descargo a través de un escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra por la adquisición de una lujosa casa y aseguró que el alquiler de una vivienda en un country lo solventaba una persona de su amistad.
El escrito presentado por su abogado defensor, Héctor Rodríguez, cuestiona la jurisdicción del consejo para llevar a cabo una investigación de su patrimonio, al sostener que las medidas de prueba requeridas por la Comisión de Acusación se superponen “ilegítimamente” con las dispuestas por el juez federal Gabriel Cavallo.
El magistrado también explicó la forma en que contrajo la deuda para adquirir su vivienda y en torno a los prestamos que obtuvo para concretar la operación aseguró que sus acreedores sabe que cuando obtenga un crédito a largo plazo estará en condiciones de cancelar su deuda.
En relación al inmueble de la calle Gaspar Campos 471 de la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Liporaci señaló que “es falso que la cifra correspondiente al capital deba devolverse en el año 2001”, en relación al mutuo de 210.700 pesos contratada con Guido Torrisi, como acreedor hipotecario y que “se omitió consignar que el plazo de un año previsto en el contrato es prorrogable tantas veces como las partes lo decidan, de común acuerdo, en tanto el deudor cumpla con el pago del servicio de intereses”.
A su vez Liporaci desmintió los fundamentos de la ampliación de la denuncia por parte de los consejeros denunciantes (Eduardo Orio y Juan Gersenobitz) por supuesto “enriquecimiento ilícito”. En esa oportunidad los consejeros ampliaron la denuncia en base a una información periodística que a través de un informe indicó que Liporaci, había alquilado el country de Pilar por una suma de 4 mil pesos más expensas y gastos de jardinero. Liporaci también se refirió a que “las deudas –de la casa de Gaspar Campos- están perfectamente garantizadas”.
En cuanto a la causa que la Comisión de Acusación instruye contra el juez Leiva, según fuentes confiables trascendió que la etapa de esta causa “ya es definitoria” porque ni bien comience a sesionar el cuerpo, luego del receso judicial de verano, podrían acusar al magistrado mendocino quien efectuó su descargo durante los primeros quince días de diciembre.
Los consejeros y diputados justicialistas Miguel Angel Pichetto y María Lelia Chaya ya presentaron un dictamen acusatorio contra el juez federal de Mendoza Luis Leiva, por 10 de los 15 pedidos de juicio político que la Comisión instruye en su contra.
Entre los cargos que se le imputan a Leiva que configuran el presunto mal desempeño en su función se encuentra el expediente que tuvo como principal implicado al ex banquero Raúl Moneta por las presuntas figuras delictivas de “subversión económica”, por el cierre de los Bancos Mendoza y República.
También se le imputaron al magistrado irregularidades en una causa por presunto contrabando de maletines de origen chileno, con la finalidad de ofrecerlos como obsequio en un congreso de jueces federales realizado en la provincia mendocina; haber ordenado la detención de un menor en una cárcel de mayores y la irregularidad en la entrega de un automóvil de una persona detenida a otra que no acreditó debidamente la documentación para acceder al auto.
Asimismo, entre las causales de juicio político contra Leiva, figura el caso de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez contra 60 personas durante seis meses en una causa en la que investigaba en su propio juzgado por un presunto complot en su contra. También se le imputa la compra de un lote de 1000 metros cuadrados en la localidad de Chacras de Coria de Mendoza, por un valor de 16.000 dólares cuando el valor de mercado ascendía a unos 42.000.