Las demandas van dirigidas contra las empresas Altadis, Cita Tabacos de Canarias, Logista, Phillip Morris y Reynolds. Los abogados estiman que las indemnizaciones reclamadas alcanzarían el equivalente de 22 millones de pesos.
La asociación de afectados de cáncer de laringe de Barcelona, que con 650 socios es la más numerosa, reclama en su caso 3 millones de pesos para la adquisición de un local y 170 mil anuales más para los gastos de funcionamiento. “El dinero sólo lo queremos para ayudar a recuperar la voz y la autoestima de miles de afectados”, aseguró Carlos Puertas, portavoz de los laringectomizados.
La solicitud apunta a que las tabacaleras se hagan cargo de los gastos anuales de funcionamiento de manera indefinida. Se trata de dinero destinado a pagar los sueldos de logopedas, psicólogos, otorrinos, profesores de gimnasia respiratoria, asistentes sociales y administrativos.
La sanidad pública no prevé la rehabilitación del habla de estas personas, que deben aprender por su cuenta a través de una técnica basada en la modulación de la expulsión de aire a través de un orificio en el cuello (traqueostoma) por el que respiran después de perder la laringe.
Los afectados de este cáncer saben que el proceso judicial puede llegar a ser muy largo y que muchos de ellos morirán sin conocer el resultado final. Las empresas tabacaleras no quisieron llegar a un pacto con estos ex fumadores la primavera pasada, cuando presentaron diferentes demandas de conciliación.
Los laringectomizados decidieron volver a la carga con la presentación ahora de una serie de demandas civiles en las que, como novedad, también imputan a los representantes en España de las multinacionales Phillip Morris y Reynolds. Estas compañías ya fueron condenadas en Estados Unidos a indemnizar a ex fumadores enfermos de cáncer.
Además de las de Barcelona y León, las otras 12 entidades que agrupan a los enfermos que llevarán adelante los litigios son las de Zaragoza, Terrassa, Tarragona, Valladolid, Vizcaya, Burgos, Salamanca, Palencia, Guipúzcoa, Cantabria, El Ferrol y Segovia. “Estas asociaciones presentarán sus respectivas demandas en los próximos días y semanas, a medida que se les vaya reconociendo la justicia gratuita”, explicaron los abogados José Ángel Mañoso y Miguel Mercado, desde cuyo despacho de Barcelona se ha redactado la demanda que presentarán las entidades en cada una de sus circunscripciones judiciales.
La Administración concede la justicia gratuita a las asociaciones sin fines de lucro y de interés público para que puedan afrontar un pleito con la tranquilidad de que, de perder, no tendrán que pagar las costas del juicio, que en un proceso de este tipo podrían ser muy altas.
Los ex fumadores también piden a las tabacalerass que reconozcan públicamente que fumar provoca cáncer y exigen que los paquetes de sus marcas incluyan una relación detallada de los productos cancerígenos que incluye el tabaco, así como los porcentajes de concentración de esas sustancias en los cigarrillos.
El razonamiento jurídico por el cual los abogados reclaman una compensación económica a las empresas tabacaleras se sustenta en tres pilares. Primero, según un real decreto de 1988 sobre la venta de cigarrillos y la protección de la salud de la población, se recuerda que el Ministerio de Sanidad español declara al tabaco como “sustancia nociva para la salud”. El segundo pilar jurídico es otro reglamento de 1996 sobre la garantía en la seguridad de los productos puestos a disposición del consumidor y en el que se recoge que “todo producto considerado nocivo para la persona es un producto peligroso”. Mientras que el tercer argumento se basa en la ley 22/94 de responsabilidad civil ante daños causados por productos defectuosos. Según los abogados, esta ley determina la responsabilidad del que fabrica o distribuye cigarrillos porque entienden que el tabaco puede ser considerado un producto defectuoso.