Si bien Estados Unidos se rehusaba a firmar el Estatuto de Roma, por el mero rechazo de que se juzguen a ciudadanos norteamericanos finalmente decidió hacerlo, aunque nada se ha dicho aún respecto a su ratificación, algo que según fuentes extraoficiales, carecería de consenso, aunque la decisión adoptada este fin de semana representa un significativo avance en su postura.
El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, se mostró asombrado ante los países que han ratificado la Corte Penal Internacional (CPI) por la decisión norteamericana y señaló que la creación del tribunal internacional tiene como finalidad terminar con la “cultura de la impunidad”.
Para la conformación de la CPI, se requiere de la firma de 60 países y según un comunicado de la Coalición de este Tribunal Criminal Internacional “cerca de 130 países habrían firmado el Estatuto de Roma hasta el 31 de diciembre y 25 lo han ratificado”. Argentina es uno de los países que ratificó la CPI, a través del parlamento cuando el Senado le dio su aprobación definitiva al Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional será un tribunal permanente que investigará y llevará a la justicia a los individuos que cometan las violaciones más graves al derecho internacional humanitario, principalmente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. A diferencia de la Corte internacional de Justicia de La Haya, cuya jurisdicción es restringida a Estados, la CPI tendrá la capacidad de procesar a individuos.
La creación de ese tribunal fue aprobada sobre la base del Estatuto de Roma, un tratado signado por 120 naciones que votaron a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, el 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional. Este logro ha sido descripto como un evento de legislación internacional de proporciones históricas.
El licenciado Eduardo González Cueva, coordinador para los países del Sur de la “Coalition for an International Criminal Court”,se refirió en su oportunidad a la postura de Estados Unidos en cuanto a la negativa de la ratificación del Estatuto de Roma: “Norteamérica ha expresado su oposición a una Corte que pudiera tener, aunque sea lejanamente la posibilidad de juzgar a un ciudadano americano. De hecho, esta es una posibilidad remotísima, se necesitaría que los EEUU cometieran crímenes bajo la competencia de la Corte y que su propio sistema judicial se negara a juzgarlos”.
González Cueva agregó que “los diplomáticos americanos han sugerido que el estatuto podría ser utilizado para levantar acusaciones frívolas a las que ellos serian especialmente sensibles por tener misiones militares en todo el mundo. Se les ha respondido, estatuto en mano, que existen suficientes garantías para evitar la politización de las actuaciones de la Corte”.
“Lo que es lamentable es que la inmensa mayoría de las democracias occidentales, todos los aliados de EEUU, apoyan la creación de la Corte. Solo EEUU persiste en esta posición de pedir un doble estándar: una Corte que pueda juzgar a cualquier acusado de crímenes de cualquier país del mundo, excepto si el acusado es estadounidense. Eso ha sido considerado inaceptable por la mayoría de los países”, expuso.
En el mensaje de fin de año que enviaron a Diariojudicial.com miembros de la Coalición de la CPI, González Cueva; Mariana Rodríguez Pareja, Secretaria de la CCPI del Enlace para el Sur Global; Mónica Guzmán, Administradora de la lista CECPI en español; Julie Guillerot, Administradora de la lista RESEAU-CPI en francés, manifestaron que “el año 2000 culmina mostrando un avance extraordinario de la campaña por la creación de la Corte Penal Internacional”. “Para quienes tenemos responsabilidades en esta difícil campaña es bueno saber que contamos con el apoyo decidido de todos ustedes: defensores de los derechos humanos, operadores del derecho, académicos, etc”.
“En particular, trabajar en relación con organizaciones de Asia, Africa, el Medio Oriente y América Latina resulta muy gratificante, porque sabemos que enfrentan de manera cotidiana agendas urgentes y condiciones complejas pero, aun así, dedican sus mejores esfuerzos a la tarea visionaria de crear la Corte Penal Internacional”.
Según información suministrada por la Coalición de la Corte Penal Internacional, la firma de los Estados Unidos significa, tal como dijo el ex presidente norteamericano Bill Clinton, que “este país no quiere quedarse fuera de lo que va a ser la evolución de la Corte Penal Internacional y de las negociaciones aún pendientes, entre ellas las que tienen que ver con el crimen de agresión, también de la competencia de la Corte”.
Por otra parte el Senado estadounidense tendría que aprobar la ratificación del Estatuto, cosa por ahora poco probable debido a la posición ultraconservadora del senador Helms que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que ha explicitado claramente su posición en contra. Ha contado además con el apoyo de miembros del establishment republicano como el ex secretario de Estado Henry Kissinger.