Freiler y Delgado sostuvieron que la maniobra "existió" y que tuvieron un rol preponderante en la misma los jefes de las bancadas justicialista y radical, Augusto Alasino y José Genoud, por lo que pidieron al juez Liporaci que cite a indagatoria a este último "debido a su actuación preponderante en la maniobra, y la forma monopólica en la que comandaba el bloque radical".
De ese modo, los representantes apelaron la falta de mérito y reclamaron el procesamiento de los senadores Alasino, Remo Constanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda, Emilio Cantarero y Alberto Meneghini.
El texto de catorce carillas elevado hoy a Liporaci describe una cronología minuciosa de los hechos; ratifica su convicción que el dinero con el que se pagaron los sobornos provino de dos cuentas reservadas de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y atribuye al ex titular de ese organismo, Alberto de Santibañes, y al por entonces ministro de trabajo Alberto Flamarique, haber sido los negociadores del gobierno en la maniobra, señalando que eran ellos quienes mantenían los contactos con Alasino y Genoud.
Estos últimos, aseguran los fiscales, "comandaban a su antojo los bloques mayoritarios" y "fueron quienes personalmente llevaron a cabo las negociaciones".
Entre otras medidas, reclamaron, además, la realización de un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre Flamarique, De Santibañes, y los ex secretarios parlamentarios Martín Fraga Manchini y Mario Pontacuarto, a quienes pidieron investigar por presunto encubrimiento, ya que eran "personas de máxima confianza" de Genoud y Constanzo.
Sin embargo, admitieron que respecto de la situación de los senadores Eduardo Bauzá, Ramón Ortega, Alcidez López y Raúl Galvan no existe, "exclusivamente por el momento", mérito suficiente para pedir su procesamiento, tal como lo había señalado Liporaci en su resolución del 29 de diciembre pasado.
Asimismo, reclamaron la concreción de las pericias tendientes a establecer si en el período en que sucedieron los hechos investigados existió "algún incremento" en el patrimonio de los senadores sospechados, a la vez que advirtieron que "tampoco se cuenta con los informes requeridos al Banco Central de la República Argentina, pese haber transcurrido con holgura el plazo oportunamente fijado" por el juez Liporaci.
Respecto del origen de dinero, los fiscales sostienen que las dudas quedan despejadas "con los retiros en efectivo que efectuó la Secretaría de Inteligencia del Estado del Banco de la Nación Argentina de un millón quinientos mil pesos el 11 de abril del 2000 y de cinco millones de pesos el 14 del mismo mes y año, fechas que “casualmente” coinciden con el período de “reflexión” de los imputados, que se tradujo en un drástico y llamativo cambio de postura frente a la ley laboral", en alusión a las reformas introducidas al proyecto oficial que "no modificaron el núcleo de la ley".
"(...) en aquellas condiciones, Flamarique y Santibañes, acordaron con Alasino y Genoud el precio de la reforma laboral, estos últimos (elevaron) a algunos de sus pares la “propuesta” y, mediante mecanismos aún no acreditados, repartieron el dinero", relataron.
Tras responsabilizar a la SIDE de haber ocultado la existencia de dos cuentas en el Banco Nación y el retiro de las sumas señaladas, Freiler y Delgado manifestaron su convicción que en el Senado "existió un pacto corporativo entre los imputados, que no impidió felizmente el avance de la pesquisa, pese al innumerable cúmulo de diligencias aún pendientes de producción, que podrían ampliar la cantidad de imputados, y arrojar precisiones sobre aristas aún no esclarecidas de la maniobra".
Respecto de los senadores Contanzo, Branda, Tell, Pardo, Cantarero y Meneghini sostienen que "en mayor o en menor medida respondían" a Alasino y Genoud "ya sea por su protagonismo, para preservar su silencio o para mantener el sistema" y en ese marco "han sido destinatarios de sumas de dinero aún no determinadas en cuanto al monto de cada uno en particular, pero actuando en total conocimiento en lo que atañe a la ilicitud de sus conductas", considerándolos como coautores.
"En definitiva --expresaron--, se colige claramente del proceso que ninguno de los nombrados actuó individualmente en el suceso, sino que todos y cada uno ha sido parte de un complejo engranaje que, aunque intrincado de comprender para un tercer observador, era el mecanismo que permitía la sanción de las leyes".
Párrafo aparte merece la reflexión de los fiscales en la introducción del texto, cuando señalan que mientras el gobierno hacía gala de la fuerza con que imponía la sanción de las leyes, desde el justicialismo se adoptaba otra similar, cuando sus integrantes, en declaraciones públicas expresaban que la reforma laboral se había aprobado a cambio de un incremento en las partidas destinadas a los Planes Trabajar, ocultando de ese modo la negociación que se venía llevando a cabo.
"Fácil es concluir de esa manera, que existieron una serie de irregularidades que analizadas conjuntamente permiten reconstruir los pasos más relevantes vinculados al modo en que se gestó la trama de los sobornos a los Senadores, y que constituyó una prolija empresa criminal, perfectamente diagramada por algunos sectores del Poder Ejecutivo Nacional y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación".
Por último, y en cuanto a las responsabilidades de Galván y López, los fiscales reconocieron que "ninguno de los testigos o imputados escuchados en la pesquisa les atribuye un rol relevante en el proceso que culminó con la anómala sanción de la ley, en tanto y en cuanto la función que realmente les correspondía fue ocupada por el senador Genoud".
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