La media fue adoptada por la juez de instrucción Mónica Berdión de Crudo, luego de escuchar en audiencia pública los argumentos del abogado Martín Reynaldo Hazaña y de Lanusse, quien negó en esa oportunidad el vínculo al refería el profesional, y sostuvo que sólo había amistad entra las esposas de ambos.
Hazaña es el abogado defensor de los imputados Felipe Crespo y Omar Vazquez, y al resolver la magistrada, dejó de lado las reivindicaciones "éticas" esgrimidas por el letrado pero reconoció su función sobre la del ministerio público, resaltando que Lanusse -a quien le reconoció sus méritos profesionales- podía ser reemplazado por otro fiscal.
Al respecto, Berdión de crudo indicó que los profesionales del derecho son elegidos por sus clientes por ser "el abogado de confianza", y que en el caso de la acusación fiscal, la representación del Ministerio Público es "impersonal".Hazaña había amenazado con abandonar la defensa si le rechazaban el planteo.
"Entre la intervención de un representante del Ministerio Público único, y aquella participación que particularmente se le ofrece a un abogado, debemos aceptar que en grado de prevalencia habrá de ser necesario estar a que se permita la intervención de un determinado defensor y no a un específico acusador, que se está en condiciones de sustituir", expresó la magistrada.
La causa por el presunto pago de sobornos y presunta administración fraudulenta se inició a principios de año cuando fue denunciada por funcionarios de la propia Legislatura, involucrando a Crespo, Vázquez y al director general administrativo, Hugo Verdier.
Los funcionarios presentaron una denuncia a instancias del vicepresidente del cuerpo Jorge Enriquez y con el respaldo del Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y está referida a compras con pagos de sobreprecios de hasta el 200 por ciento, pedidos de coimas para la firma de un contrato de mensajería e irregularidades en la adquisición de sillas para uno de los salones del cuerpo legislativo.
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