De este modo, los fiscales salieron al cruce de las distintas declaraciones que desde el oficialismo se formularon en contra de lo que consideraron como una politización de la apelación llevada a cabo por los fiscales el jueves de la semana pasada, y que el juez federal Carlos Liporaci elevó a la Cámara Federal.
Ambos representantes del Ministerio Público mantuvieron una enérgica polémica a través de los medios de comunicación con el presidente Fernando de la Rúa y el ministerio del Interior, y hasta el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado criticando el texto de la apelación.
Hoy, los fiscales le expresaron a Becerra su "honda preocupación relacionada con la interferencia que se pretende" a través de "manifestaciones de naturaleza política, respecto de la actividad procesal llevada adelante" por Freiler y Delgado, y de la "independencia funcional del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el ejercicio de su mandato legal".
"En efecto -señala el texto al que tuvo acceso Diariojudicial.com-, el artículo 120 de la constitución Nacional fija claramente las obligaciones que un fiscal asume en el ejercicio de la defensa de los intereses generales de la sociedad y la legalidad de los procesos, pero al mismo tiempo garantiza la independencia de que goza para el cumplimiento de sus funciones".
Al respecto destacaron que "en un Estado de Derecho, la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, no sólo es un deber para tales Magistrados del Ministerio Público, sino que es una garantía para la misma sociedad".
Agregan en ese sentido que velar por esa independencia y "defenderla enérgicamente no constituye por sí una defensa corporativa de un privilegio funcional, sino una obligación legal de todos los fiscales con la finalidad de continuar garantizando los intereses generales de la sociedad, conforme así lo consagra la propia Constitución nacional y la Ley del Ministerio Público".
Por último, consideraron necesario "un pronunciamiento explícito y terminante, tendiente a respaldar la actividad procesal que cualquiera de los integrantes del Ministerio Público lleve a cabo en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias le imponen".
El texto circuló para su firma por los despachos del quinto piso de los tribunales de Retiro y, como en similares situaciones anteriores, convocó la adhesión de un importante número de fiscales.
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