En un escrito presentado hoy en los juzgados a cargo de Adolfo Bagnasco, Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral, Alsogaray sostuvo que esa intención que le atribuye a los dos "conspicuos exponentes de la Alianza gobernante" responde a una "forma de ver confirmada su temeraria afirmación de que soy una figura emblemática de la corrupción menemista que ya ha sido condenada por la opinión pública".
En la misma línea con que se presentó a fines del año pasado, cuando las causas judiciales en su contra dejaban entrever una medida que podría llevarla a prisión, Alsogaray sostuvo hoy que en la misma senda de Alvarez y Storani y "tras ese objetivo se ha encolumnado obedientemente la oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en una actitud desembozadamente persecutoria cuestionando sistemáticamente la oportunidad, el mérito y la conveniencia de las decisiones y acciones que me tocó asumir y realizar durante mi paso por la función pública".
"La presencia permanente de los funcionarios de la Oficina Anticorrupción en los medios de difusión han alentado a algunos particulares a unirse a esta cruzada denunciera" (sic), aseguró. Por otra parte, justificó su decisión de no nombrar nuevos abogados defensores en su convicción que "más allá de su evidente contenido y fines políticos, estas denuncias pueden ser respondidas de manera objetiva y en forma clara, directa y concreta por quien ha sido protagonista de los hechos que se cuestionan, o los ha presenciado o puede, simplemente, comprobar que es ajena a ellos".
En tal sentido, sostuvo en el escrito que su decisión "tiene apoyo normativo en la facultad contemplada en el artículo 104 del Código Procesal Penal, y en la garantía judicial reconocida en el artículo 8 inciso 2o. d) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que alude al derecho del inculpado a defenderse personalmente, sin condicionamiento alguno".
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