Al cierre de esta edición, la cantidad de reclusos en protesta por la agilización de los procesos judiciales alcanzaba el 29 por ciento, mostrando una importante disminución respecto del 37 que se registró durante casi toda la semana pasada. Así, los presos que se niegan a recibir la comida son 2091 sobre un total de 7239 y el epicentro continúa siendo Devoto, con el 86 por ciento de los huelguistas.
Para hacer hincapié en que la situación tendrá que ser controlada por el Servicio Penitenciario Federal del que dijo estar “orgulloso” –y no por fuerzas castrenses-, el titular de la cartera de Justicia utilizó una anécdota que tuvo por protagonista a su padre, ocurrida en 1961 en la ciudad Córdoba, durante el gobierno en la provincia de Arturo Samicceli.
“Hubo un conflicto porque, detenidos en las cárceles cordobesas, fueron prácticamente secuestrados por fuerzas militares y llevados a dependencias del Ejército. Ante esa situación, el Tribunal Superior de Córdoba acudió ante la Corte Suprema reclamando los derechos porque la materia penitenciario es cuestión del gobierno civil. Al no tener éxito, el Tribunal en pleno renunció. Lo presidía mi padre, Antonio de la Rúa, y entre los vocales estaba –el reconocido penalista- Ricardo Núñez. Así que desde la cuna yo no tengo tesis de modelos marciales en el ámbito penitenciario”, contó el ministro.
La nueva política penitenciaria
Al anunciar el Plan de Gestión 2001 de Política Penitenciaria junto al subsecretario del área, Álvaro Ruiz Moreno, De la Rúa sostuvo que habrá licitaciones para la construcción de 120 mil metros cuadrados en cuatro nuevos edificios carcelarios que se levantarán en Marcos Paz (provincia de Buenos Aires, donde irán parte de los detenidos en Devoto), Coronda (Santa fe, donde no hay cárceles federales), General Güemes (Salta, para atender a personas que ingresan al sistema penal por delitos relacionados con el narcotráfico) y Mercedes (Buenos Aires, que permitirá alojar a condenados de la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires), con una inversión estimada en 245 millones de pesos para un total de 2244 nuevas plazas. “No hay sistemas penitenciarios adecuados sin establecimientos adecuados”, aseveró.
Un tema al que el ministro le asignó una importancia especial fue el de aquellas personas que salen del sistema penitenciario en calidad de desocupados. Aseguró que se trabajará en un plan acorde a un “mercado laboral que estigmatiza a quienes salen de prisión, para que no recaigan en el delito una vez egresados”.
Otro de los aspectos a los que se refirió el hermano del presidente fue el relacionado a la atención de la salud de los presos. “El preso es una persona, un ciudadano, y la pena no lo convierte en un objeto; y como ciudadano tiene derecho a la salud”. Además aseguró que se garantizará el acceso a los servicios de salud a los hijos pequeños de mujeres detenidas que deban alojarse en la prisión.
De la Rúa dijo que “suele decirse con cierto cinismo que no se gasta en las cárceles porque la sociedad no las utiliza”, y aclaró que “no es lo que quiere el gobierno para una sociedad democrática”.
El ministro, además anunció que solicitaría a su hermano, el presidente Fernando de la Rúa, que la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dependa directamente de él, con lo que procura darle más importancia al Servicio Penitenciario Federal, del que dijo estar “orgulloso”, aunque al mismo tiempo advirtió que “aspiramos a que sea mejor: es una responsabilidad nuestra y de ustedes”, les dijo a los jefes y oficiales que se encontraban presentes.
También, a fin de promover una reinserción social plena de los internos, dijo que “se contará con oferta educativa en todas las Unidades, se dará prioridad a la educación general básica obligatoria y se abrirán cursos de educación polimodal y terciaria, en especial la ampliación de la experiencia de los Centros Universitarios de Caseros y Devoto. También los talleres de laborterapia van será fortalecidos, y se apuntará a que el interno participante obtenga un mejor rédito económico”.
Otra novedad importante la constituye el nombramiento de quinientos nuevos agentes para el Servicio Penitenciario Federal, “que mejorarán las condiciones de trabajo que hoy presenta la institución y posibilitaran el cumplimiento de las metas previstas, junto con la decisión de promover y proveer a la capacitación permanente del personal del Servicio”, completó el ministro.
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