La presentación formulada por el titular de la Procuración, Ernesto Marcer, quedó radicada en el juzgado federal a cargo del juez Adolfo Bagnasco, y se suma a las otras causas ya iniciadas ante los juzgados de Gustavo Literas, María Servini de Cubría, Jorge Luis Ballestero, y Gabriel Cavallo, en quien recayó una presentación formulada hoy por el presidente del Banco Central, Pedro Pou.
La denuncia tiende a evidenciar la intención oficial puesta de manifiesto durante el fin de semana por el presidente de la Nación Fernando de la Rúa, de impulsar ante la justicia estos hechos que ya adquirieron la dimensión de escándalo, ya que el escrito de siete carillas que llegó por sorteo ante el juzgado no aporta mayores elementos de prueba, más allá de los recortes periodísticos de las últimas semanas.
Marcer entregó copia del expediente "Expemecon" que le remitió el Ministerio de la Nación el cual contiene fotocopias de los diarios en los que se hace mención a la investigación del Senado de los Estados Unidos "sobre lavado de dinero en la que se incluye a dos entidades vinculadas a bancos argentinos: el Banco República, liquidado en abril de 1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler".
De acuerdo con ese informe periodístico el Banco República "operaba en triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas" oficiando como "corresponsal" el Citibank de los Estados Unidos, en tanto Mercado Abierto "tenía su sede en las islas Cayman y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina". En el caso de la primera de esas entidades -y siempre en base a lo publicado por un matutino- se señala que la misma realizaba "triangulaciones" con dinero proveniente de "coimas", y de las mismas empresas constituidas en la Bahamas y las islas Virgenes "realizaron los principales retiros de depósitos antes del colapso" de la entidad el 9 de abril de 1999.
Asimismo, Marcer señaló que "por el Federal Bank pasaron parte de los retornos pagados en el Proyecto Centenario de IBM con el Banco Nación" y que "un millón de dólares fueron girados desde el Credit Suisse a la cuenta que el Federal Bank tenía en el Citibank de Nueva York para (...)asesor de (...)funcionaria de la Secretaría de la Gestión Pública de (...) que aprobó ese proyecto", señala textualmente la denuncia del Procurador en relación al organismo oficial que encabezaba Claudia Bello.
Respecto de Mercado Abierto, indica que la misma se encuentra mencionada en el Senado norteamericano "como sospechada de haber lavado dinero del mexicano Cartel de Juárez" y que "esta sociedad de bolsa también tenía cuentas en el Citibank de Nueva York", siempre siguiendo la trama argumental de la investigación periodística.
Posteriores publicaciones dan cuenta de "movimientos sospechosos de fondos" entre el República, el Citibank de Nueva York y el Federal Bank, por lo que reclama conocer "quien y que hay detrás" de esta ultima entidad.
En síntesis, el gobierno entiende que "a través de las publicaciones periodisticas reseñadas ha tomado estado público la posible comisión de episodios con relevancia penal, toda vez que se informa sobre movimientos de dineros de dudosa procedencia en los cuales habrían intervenido los bancos argentinos mencionados".
En ese sentido, recordó que la ley 23.737 (conocida como Ley de Drogas) "castigaba con prisión de dos a diez años a la persona que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos, interviniere en la inversión, venta, pignoración transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos, odel beneficio económico obtenido del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiese sospechado".