Posteriormente, los jueces escucharán a uno de los abogados de Pinochet que buscará poner fin a la prisión preventiva que el ex gobernante cumple desde el 30 de enero en su casa de campo, a 130 kilómetros al suroeste de Santiago.
El ex dictador, de 85 años, fue procesado por el juez Guzmán como "autor" de 75 homicidios y secuestros perpetrados por la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que recorrió el país exterminando opositores a la dictadura un mes después del golpe de estado comandado por Pinochet en septiembre de 1973.
Guzmán ya había ordenado el enjuiciamiento de Pinochet en diciembre pasado, pero la Corte Suprema de Justicia revocó el dictamen e instruyó que, antes de procesarlo, el juez debía someterlo a exámenes médicos e interrogarlo.
Las pericias mentales y neurológicas determinaron que el ex general padece de "demencia moderada", producto de accidentes vasculares.
En el interrogatorio, Pinochet negó los cargos que se le imputan señalando que no mandó ejecutar a nadie.
Sin embargo, las pruebas reunidas a lo largo del proceso convencieron al juez Guzmán de que debía procesarlo.
A esos antecedentes, se unieron nuevas acusaciones contra el ex dictador conocidas la semana pasada. Documentos presuntamente suscritos por Pinochet lo vinculan con el encubrimiento de ejecuciones ilegales de detenidos desaparecidos.
La sala de la Corte está integrada por tres ministros, Gabriela Pérez, Sonia Araneda y Cornelio Villarroel.
El único antecedente sobre la tendencia de estos jueces es la resolución que adoptaron en agosto, cuando a Pinochet le fue quitado su fuero parlamentario como senador vitalicio no electo.
En esa oportunidad, las magistradas Pérez y Araneda votaron a favor del desafuero, mientras que Villarroel lo hizo en contra.
Sin embargo, el viernes esta misma corte dictaminó absolver al temido ex jefe de los servicios de inteligencia de la dictadura, Manuel Contreras, de un proceso por desaparición de personas, aduciendo que los cargos eran "cosa juzgada".
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