Las declaraciones de Insulza tienen lugar en momentos en que ex dirigentes de la Unidad Popular han anunciado la presentación de querellas en contra del general de las Fuerzas Armadas de ses país y actual Comandante en Jefe subrogante de esa institución, Hernán Gabrielli, por los apremios ilegítimos cometidos contra Eugenio Ruiz-Tagle, ejecutado en 1973.
"Hay que tratar de acotar la investigación a los temas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos", insistió Insulza.
Las palabras de Insulza coinciden con las expresiones del senador socialista José Antonio Viera-Galloquien, en la víspera, quien afirmó que las denuncias por tortura son inconducentes.
Estas expresiones concitaron diversos grados de apoyo entre dirigentes políticos, así como un rechazo categórico entre abogados de derechos humanos.
Es el caso del abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, quien consideró estas expresiones como "insólitas" y una muestra de un desesperado intento de frenar la verdad y la justicia.
A su juicio, el ministro debería limitarse a sus atribuciones, porque "él no es quién ni tiene ninguna autoridad para decirles ni a los familiares de las víctimas ni a los abogados querellantes ni mucho menos a los jueces hasta dónde deben llegar ni qué es lo que se debe o no hacer".
La posición expresada por Insulza se refiere concretamente a las denuncias que se podrían hacer por apremios ilegítimos, torturas, privación de libertad y otras violaciones a los derechos humanos sin resultado de muerte que tuvieron lugar en el año 1973, es decir, durante los primeros meses del régimen militar.
La cifra manejada por organismos de derechos humanos y compartida por Naciones Unidas y Amnistía Internacional, da cuenta que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 hubo cerca de 50 mil detenidos, de los cuales todos sufrieron algún tipo de apremio que constituye tortura.
Insulza fue enfático en señalar que no pretende inhibir el legítimo derecho de estas personas de presentar las denuncias que estimen necesario.
"Quedemos claro. Aquí el que quiere presentar sus temas ante los tribunales los presentarán, pero yo no voy a ir, ningún día, con el decreto que me expulsó del país a denunciar a los que lo firmaron. Creo que eso crea dificultades y hace daño a la convivencia", indicó.
Al fundamentar su discrepancia con aquellos que quisieran presentar denuncias por torturas planteó que el país debe "ir cerrando sus procesos".
Indicó que sin querer ser un punto final, los objetivos del Informe Rettig (que da cuenta de 2.279 víctimas) y la Mesa de Diálogo(que se refiere a 1.243 detenidos desaparecidos) han precisamente buscado dar con una solución.
"¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ir a buscar a 15 mil autores, 20 mil autores? ¿Todo el que golpeó a alguien en septiembre de 1973 tiene que ser llevado a los tribunales de justicia?", consultó.
Insulza manifestó que en estos últimos años se ha avanzado en materia de derechos humanos en paz y esto último era tan importante como lo primero.
Temas relacionados:
Lagos y Guzmán esquivan las presiones de militares y pinochetistas 04/12/2000