04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Rusconi y Cruciani se ponen en guardia en el caso Perel

La Ufitco volvió de Dolores con 16 cajas de documentación que comprometerían a funcionarios de la DGI en un caso de sobornos, despachantes de aduanas y agentes de la SIDE.

 
Luego de volver de Dolores, varios integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) trabajan contra reloj para presentar ante la Justicia el lunes o el martes de la semana que viene una denuncia que englobará varios ilícitos relacionados a la evasión impositiva y al lavado de dinero a través del Banco Mercurio.

La información fue recolectada por los investigadores del doble homicidio en la casa y en las oficinas del empresario asesinado Mariano Perel, y según pudo averiguar Diariojudicial.com quedarían imputados por cohecho dos funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), agentes de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) por haber intentado generar el desprestigio del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, y dos despachantes de aduana por dos maniobras de contrabando.

El fiscal general de la Ufitco, Maximiliano Rusconi, viajó a Dolores para reunirse con la fiscal Claudia Castro, a cargo de la instrucción del homicidio y estuvo acompañado por importantes colaboradores: la directora general de la Ufitco, Judith Konig (contadora), y el subdirector, Daniel Rafecas (abogado), evidencia de la importancia que le han dado a la pesquisa.

De esa reunión en la ciudad equidistante entre Buenos Aires y Mar del Plata los investigadores de la Procuración se llevaron 16 cajas con documentación y un disco rígido, aunque todavía queda pendiente la remisión de otros dos, por eso estiman que el escrito no podrá ser presentado antes de los primeros días de la semana que viene.

El conflicto que tendrá la Ufitco para investigar los presuntos delitos que surgen de la carta-testamento que Perel dejó a su familia grabada en su computadora, es el sobreseimiento definitivo de los dueños del Banco Mercurio que dictó en 1998 el juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, por tratarse de cosa juzgada y por el juego del principio penal del non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

La salida que tiene la Ufitco es la de encontrar otros hechos paralelos que hubiesen quedado fuera de la órbita de los hechos juzgados anteriormente.

Cruciani, los peritos y las coimas en la DGI

Al respecto, Cruciani aseguró a este medio que deseaba que avanzaran en la investigación, y se justificó al explicar que en el momento en el que le tocó analizar la causa no tuvo otra alternativa que dictar el sobreseimiento definitivo porque "los informes de los peritos decían que estaba todo bien". Las declaraciones del magistratado se producen luego de que la Procuración había dejado trascender un clima de insatisfacción por el modo en que se llevó la causa.

En un primer momento, el juez había dado intervención a peritos del Banco Central y de la DGI, que certificaron que no había irregularidades. "Sin embargo a mí no me conformaron, por eso pedí otro estudio por parte de los peritos de la Corte Suprema, que arrojó el mismo resultado", contó Cruciani.

De acuerdo a la información que se desprende de la carta dejada por Perel, también habría sobornado a un funcionario de la DGI -aunque los implicados serían dos- para que no hiciera avanzar un expediente en el que se investigaban operaciones por una millonaria evasión en Cambio Mercurio, una filial del banco en el que trabajaba el financista asesinado en Cariló.

Los detalles de la información dejada por Perel llegaron al punto de que dejó constancia de que le pagó 200 mil dólares, le emitió una tarjeta de crédito dorada que circulaba fuera del circuito controlado y hasta le regaló electrodomésticos. La Ufitco tiene en su poder la factura de compra de esos equipos para el hogar, cuya fecha es coincidente con la decisión de archivar la investigación del organismo recaudador.

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dju / dju
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