Como antecedente está registrado un levantamiento en la cárcel bonaerense de Olmos, en septiembre de 1998, en la que 1800 presos se amotinaron para repudiar la intención de derogar esta misma ley por una iniciativa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. En esa ocasión, una violenta represión con balas de goma dejó un saldo de 28 heridos.
Más allá de la presunta tranquilidad en las cárceles federales, que vienen de una prolongada y masiva, aunque pacífica huelga de hambre, el alerta estaría puesto en unidades provinciales o, inclusive, en comisarías. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, según cifras extraoficiales, habría cerca de 5.500 personas detenidas y en proceso en dependencias policiales –cifra apenas menor a la totalidad de los internos alojados en las cárceles federales-, que podrían ser caldo de cultivo de protestas.
El debate legislativo
Fuentes parlamentarias adelantaron a Diariojudicial.com que se estaría avanzando en un proyecto entre los bloques de la Alianza y del Partido Justicialista para llegar a un consenso antes de la votación que se hará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.
La ley 24.390 fue sancionada en 1994 y otorga el derecho de computar doble el tiempo que pase una persona en prisión desde el momento en que se cumplan dos años de detención y hasta que quede firme su condena. El origen de esta norma está en la intención de cumplir con los preceptos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, que exige no sólo el debido proceso legal, sino también que sea realizado en un tiempo razonable. Así, se buscó suplir la extrema lentitud de la Justicia y solucionar la situación de los distintos servicios penitenciarios, con cárceles colmadas de detenidos sin condena.
El proyecto de la Alianza, elaborado por el ex diputado y actual Secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, prevé limitar el beneficio hasta el fallo del primer tribunal, descartando las instancias posteriores como Casación.
El potencial consenso podría ser un hecho el próximo martes en la reunión de la Comisión de Legislación Penal, que es considerada clave. La Alianza presentó ayer un agregado al segundo párrafo del artículo 10 de la ley en el que se establece que quedarán excluidos del beneficio quienes estén procesados por un delito que prevea una escala penal de quince años o más de pena privativa de la libertad –los llamados delitos aberrantes- y quienes sean reincidentes.
“Sería una buena señal para la sociedad que en estos temas hubiera la voluntad de buscar soluciones a largo plazo”, adelantó Cruchaga a este medio. “Creo que mi proyecto es bueno, aunque puede ser perfectible”, remató. Por su parte, el diputado José Gabriel Dumón, (UCR Buenos Aires) señaló a Diariojudicial.com que es necesario “modificar esta mala ley impulsada por el Gobierno anterior, por Menem (Carlos) y Ruckauf (Carlos). Tenemos que modificarla”, manifestó el diputado.
Dumón advirtió que la derogación implicaría una interpretación libre de cada juzgado. “La derogación -estimó- nos va a meter en otros problemas nuevos como por ejemplo la operatividad directa del pacto de San José de Costa Rica que va a permitir que cada juzgado haga sobre esto una interpretación libre, con lo cual esa libertad sería de una manera y a 50 kilómetros en otro juzgado sería de otra”. El legislador confió que su bloque le solicitó al justicialismo un cuarto intermedio para modificar la reforma. “Este programa ha sido traído por un caso resonante de la provincia de Buenos Aires. Que la gente no crea que si nosotros modificamos esta ley va a volver la seriedad a la provincia. Se ha puesto como ejemplo el caso Sayago en donde no hubo Dos por Uno, sino conmutación de pena”.
“En la provincia de Buenos Aires hay algunos lugares que no están funcionando y fueron creados por ley. Los Institutos de Menores que son una escuela del delito, las cárceles están sobresaturadas, las comisarías se turnan para tener más lugar. De ahí a que huyan hay un paso. Nosotros decimos que eso podría ayudar en algo pero no resuelve el problema de seguridad. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que tener en claro esto”. “Un diputado del partido justicialista reconoció que no han tenido política de seguridad y a partir de esto reconoció que es el pase para hacer una política de seguridad en serio que sería una policía bien preparada, cárceles y además Institutos de Menores que no sean escuelas de delito”.
Sin embargo, la diputada justicialista bonaerense Mabel Muller, en dialogo telefónico con este medio, fundamentó la postura del justicialismo alejada de alcanzar un consenso para la modificación de la ley, al sostener que “no podemos suplantar la ineficiencia del Estado dejando libres a los delincuentes” . “Vamos a tener más causas, y se van a abarrotar los juzgados de expedientes en la medida de que dejen en libertad a delincuentes peligrosos. Lo que dice Dumón no está mal, pero si es así entonces hagamos más cárceles si están superpobladas, pero no por eso vamos a dejar a los delincuentes en libertad”. “El Justicialismo va a continuar apoyando la derogación para que los criminales estén detrás de las rejas”, enfatizó, al tiempo que aseveró que “también el tema de los menores es muy grave. Dentro del instituto no tienen rehabilitación y este es el clima propicio para delincuentes futuros”.
“Lo que sucedió particularmente en la sesión de ayer, -describió Muller- fue que bajamos todos al recinto, el justicialismo con la intención de derogarla y la Alianza para modificar la ley 24.390. Una vez que expusieron los diputados aliancistas (Tejerían y Larraburu) tanto el cavallismo, como los legisladores de partidos provinciales apoyaban al P.J para la derogación de la norma. Como la Alianza se dio cuenta que perdía la votación se levantó la sesión” relató.
El presidente del bloque de diputados del P.J Humberto Roggero ratificó en conferencia de prensa la decisión de su bancada de “derogar la ley del Dos por Uno”. “Nuestro bloque hubiese preferido que el cuarto intermedio de la sesión de ayer se hubiera pasado para el día de hoy, para derogar de una vez por todas esta ley”, señaló al tiempo que manifestó “el justicialismo no quiere dar más discursos, quiere votar la desaparición definitiva del Dos por Uno”. También se pudo confirmar que otro efecto de presión que recibiría la Alianza para cambiar de posición es la visita que realizarán a la Cámara de Diputados, familiares de una niña de Olavaria que fue asesinada. Entregarán un petitorio de más de 10.000 firmas reclamando la derogación total de la ley.
M.L.M y L.H.
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