El caso, al que la prensa local bautizó como «Guategate», se inició el pasado 27 de julio cuando el Congreso aprobó una ley sobre impuestos a bebidas alcohólicas que fue publicada tres días después, aunque con tasas reducidas a la mitad. El FRG adujo que había habido una sesión posterior de una comisión en la que las cifras se retocaron, pero ante la solidez de las acusaciones, optaron por hacer desaparecer las cintas de vídeo y las actas taquigráficas de la sesión. Una grabación publicada por el diario «Prensa Libre» se convirtió en la prueba fundamental que ha llevado a esta sentencia de la Corte Suprema.
Ahora los desaforados pueden ser juzgados como cualquier ciudadano y afrontarán acusaciones por hasta seis delitos, incluyendo falsedad documental, ocultación de pruebas, abuso de poder y fraude a la hacienda pública.
La sentencia sigue a una semana de intensos rumores sobre la inminencia de un golpe de Estado aparentemente destinados a intimidar al presidente Alfonso Portillo, miembro también del FRG pero enfrentado al aparato y al líder histórico, Ríos Montt. El presidente, dijo que no estaba dispuesto «a gobernar para diez familias» en referencia a los grupos a los que beneficiaba el fraude.